(Por Daniel Hardy Coll). Mientras al día de hoy el presidente Tabaré Vázquez aún no firmó el contrato de inversión con UPM para establecer en Durazno su segunda planta, lo que había prometido para el mes pasado, en la sede de la facultad de Ciencias Sociales de Montevideo se desarrolló un debate con el título “¿Inversión para quién?” organizado por la Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra y el Agua (CELTA), que es una comisión central de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
Tres fueron los conferencistas: el titular de la Dirección de Planificación de la OPP, Fernando Isabella; la delegada y experta en aguas de la federación de Funcionarios de OSE, Carmen Sosa; y un médico e investigador, William Yohai.
Unos 50 estudiantes acompañaron las charlas el jueves 18 de octubre pasado, además de reconocidos ambientalistas que formularon preguntas a los expositores, en tanto Isabella fue cuestionado por sus compañeros de mesa y hasta se retiró ofuscado, al finalizar, sin querer responder más interrogantes de los presentes, entre ellos, EL TELEGRAFO, único medio de prensa en la conferencia de CELTA.
El primero en disertar fue precisamente el director de Planificación de la OPP, Fernando Isabella. Egresado en 2004 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdelaR, de 2005 hasta 2009 fue miembro del equipo económico del MSP y del 2010 al 2011 subdirector de Planeamiento Estratégico de ASSE. Uno de los hacedores del actual sistema. Es asimismo investigador del Instituto de Economía.
Defendió la inversión de UPM en Durazno, dijo no tener conocimiento del contrato ya que lo maneja el presidente, aseguró que la riqueza en agua de Uruguay es lo que atrae a los finlandeses, más allá qué “recibieron de países de América y de África mejores propuestas de beneficios que los que les dará el país”. Negó que las plantaciones de eucaliptos usaran plaguicidas, por lo que se ganó la primera ola de abucheos de la platea universitaria. “Acá los que contaminan el agua son los sojeros y los tamberos, ¿por qué no van contra ellos?”, les dijo.
También defendió las inversiones extranjeras, ante una nueva pregunta y con mohína preguntó: “¿Son xenófobos con las inversiones de los extranjeros? ¿No es mejor quitarles las tierra a los Heber y Gallinal?”.
Empleos y fuel oil
William Yohai coincidió 100% con las opiniones dadas por el fiscal “verde” Enrique Viana, el martes 17 pasado en el programa “Todas las Voces” de Canal 4 Montecarlo. “Lo que hizo Tabaré Vázquez fue entregar la soberanía del país, no negociar y lo hizo todo en secreto. Nosotros tenemos que invertir mil millones de dólares en el ferrocarril y después ellos –por UPM– verán si firman o no; eso es doblegarse a los inversores, además un tren cada tantos minutos, más de 20 formaciones largas al día atravesando ciudades…, va a trancar aún más todo el tránsito que ya es un caos”, comenzó explicando el conferencista identificado plenamente con la izquierda.
Interrumpió preocupado más de una vez con interrogantes al director de Planificación de la OPP y le exigió respuestas, que el funcionario negó. “Estamos hablando de 4,5 millones de hectáreas forestadas y muchas en áreas de alta productividad agrícola y ganadera, con todos los efectos negativos que trae la forestación, como por ejemplo la acidificación de los suelos, la acentuación del déficit hídrico en las cuencas, el costo oportunidad. ¿Hasta cuándo van a permitir forestar?”, subrayó.
Informó a los presentes que la producción de madera anual es de 24 millones de metros cúbicos.
Sobre los empleos, otro gran tema de discusión con opiniones controvertidas y puntos de vistas antagónicos, Yohai explicó que en la fase silvícola se emplearon 8.397 personas, en la producción de pasta de celulosa 1.668, en la fabricación de muebles de madera 2.141 y en la industria de transformación mecánica 6.377.
“Vean ustedes –agregó– mientras que en 2016 UPM pagó de impuestos solo casi 11 millones de dólares al Estado, ganó en el mismo año 250 millones de dólares, y lo dice la propia UPM”.
Yohai fue más allá: “Quiero desmentir un mito, el mito de que estas plantas producen energía: no es así porque consumen fuel oil, son las plantas que más fuel oil usan y saben, en 2016 Ancap les vendió a UPM y a Montes del Plata el combustible que importó a 0,60 dólares, a solo 0,20 dólares; se los regala. ¿Por qué no entonces se los regala a las empresas uruguayas?”.
Destacó el bajo aporte de empleo directo de esta industria, menos de 200, la alta contaminación por emisión de CO2 y otros elementos tóxicos que largan al aire, a los suelos y al agua.
El fiscal Enrique Viana sostiene que “la confidencialidad es la fiebre del paciente enfermo y todo esto no es más que un fraude y una vergüenza” y agregó públicamente en “Todas las Voces” que: “Este tratado de inversión es peor que el de Montes de Plata, que me lo leí entero y por denunciarlo me costó el puesto. Esto es un tratado de negocios privados que la Constitución le impide hacer a los funcionarios. Esto es un contrato de corrupción sistemática con una serie de elementos que no son negociables, como el blindaje internacional y la paz sindical que le entregaron; mejor dicho que les entregó en nombre del gobierno, Oscar Andrade”.
Derecho a saber
Tanto el conferencista Yohai, como el fiscal Viana y el senador García, exigieron en espacios diferentes “conocer lo que se va a firmar, tenemos derecho a saberlo nosotros y el pueblo uruguayo” y los tres se preguntaron, palabra más, palabra menos “¿por qué tanto secretismo, tanta confidencialidad, dónde está eso de que tiene que ser confidencial?”.
Para Viana “no deben existir estos tratados de inversión porque dejamos de ser un Estado soberano, una democracia, una República. Nos quedamos hasta sin soberanía legislativa porque las cláusulas de blindaje que imponen estos inversores hacen que todo se dirima en cortes internacionales, los jueces aquí no pueden accionar”.
También se pregunta gran parte del sistema político y de personalidades que investigan el tema, ¿por qué renunció a su cargo el número tres de Economía, Andrés Massoller?
12.800 productores menos
En el debate organizado por CELTA no estuvo presente ningún delegado del Pit Cnt de todos los que fueron invitados y lo destacaron así los estudiantes. Mientras la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) aportaba el dato de que 12.800 productores pequeños y medianos debieron abandonar el campo en los últimos diez años como consecuencia del avance extraordinario de los monocultivos de la soja y el eucalipto.
Carmen Sosa de la FFOSE preguntó: “¿Cuál es el pasivo ambiental que nos dejarán?, dígame, este modelo forestal celulósico trae mucha pobreza de suelos, aguas contaminadas, emisiones de CO2 que alimentan el efecto invernadero… No sabemos hasta cuándo OSE podrá potabilizar el agua… Nos debemos un debate social serio, profundo”.
Isabella precisó que son 3,6 millones las hectáreas plantadas en zonas de productividad media y solo 400.000 en áreas de productividad alta y además opinó: “En las Zonas Francas se paga el impuesto al patrimonio de la tierra; ellos pudieron elegir otros países en el mundo, en Sudamérica y en África que les dan más beneficios que nosotros en Uruguay”.
Aseveración a la que William Yohai sí le acotó a la oreja: “El grupo Suzano en Brasil, paga todos los impuestos de sus pasteras”.
Desde la sala intervino Raúl Viñas (Movus): “UPM sola, declaró que su versión más rentable en el mundo es su planta de Fray Bentos porque gana un millón de dólares por día y le paga al estado anualmente unos 10 millones de dólares. Pero además no tienen en cuenta el desarrollo de plagas como zorros y jabalíes. No nos deja nada, y los números de Uruguay XXI no son los oficiales, porque no es Uruguay el exportador sino una Zona Franca. Uruguay solo exporta rolos, astillas y chips; y respecto del empleo coincido, no son más de 200 los empleos directos, porque hay unos 600 indirectos, como los hay en todo sector: unos 300 son camioneros y otros 300 trabajan en servicios conexos a la planta como guardias, limpieza, etcétera”. Y agregó que en el primer semestre en el mundo, UPM pagó 112 millones de dólares en impuestos, pero en Uruguay, cero.
Isabella terminó de hablar manifestando que “existe negociación, pero todo tiene su reserva porque hay un movimiento totalmente en contra y todos los aspectos ambientales vienen después”.
Si bien coincide con las declaraciones hechas a EL TELEGRAFO por el director de la Dinama, Alejandro Nario –publicadas en la edición del pasado 14 de octubre– desde Movus y la sociedad civil se entiende que la evaluación de impacto ambiental debe ser antes. Víctor Bacchetta, periodista e investigador del tema y miembro de Movus nos dijo: “Es más, si bien es obvio que no existe Estudio de Impacto Ambiental (EIA) porque el proyecto no ha sido presentado, debería haber una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que evalúe si esa zona es apta o no para un proyecto de ese tipo. La EAE no es un invento nuestro, está en la Ley de Ordenamiento Territorial y es responsabilidad del gobierno nacional, la Dinama y los gobiernos departamentales. ¿Acaso han dicho cómo se determinó ese lugar para instalar una planta de celulosa de esas dimensiones? Por lo que sabemos hasta el presente, han sido los estudios que ha venido haciendo UPM desde hace unos años. ¿Y con esto alcanza?”
