Uruguay atraviesa por el momento de “prisionalización” más alto de su historia y, en la actualidad, de la región. Hay casi 12.000 personas privadas de la libertad (11.597 en marzo, según el fiscal de Corte, Jorge Díaz). Eso significa que cada 100.000 habitantes hay al menos 350 presos, de los cuales el 80% no tiene condena — que también es una cifra récord– y más del 46% de los adultos es primario.
En este marco de circunstancia es que se inaugurará en Punta de Rieles la segunda prisión más grande del país en diciembre, construida y gestionada en régimen de participación público-privada (PPP). En tal sentido, se explicó que un grupo empresarial se encargará de las condiciones de salubridad y tecnología, al tiempo que el Estado se hará cargo de la rehabilitación y seguridad. Si bien cabe la pregunta acerca de su inmensidad edilicia, ya el Ministerio del Interior augura un resultado exitoso y no se observa un parámetro comparativo de esa doble gestión, de la que no existen antecedentes en Uruguay.
Pero analicemos el panorama: con una población de 3,4 millones de habitantes, con 8 de cada diez presos sin condena en un estado de derecho que se vanagloria de su republicanismo, mientras algunos criminalistas sostienen que las cárceles con mejores resultados son pequeñas y que unos 400 presos es un número “ideal”, en Uruguay nos aprontamos al lanzamiento de un espacio de 25 hectáreas que albergará a 1.960 personas en sistemas de baja y media seguridad.
Es que optamos por el sistema español, que tiene una masificación entre las más altas del viejo continente, pero la población reclusa es inferior a la media europea. Por cada 100 celdas se alojan 119,6 presos, cuando en el resto de los países es de 91,4, al tiempo que cierran plazas de prisiones a un ritmo mayor que la caída de la población reclusa. Es decir que los últimos datos arrojan un déficit de espacio para presos que se encuentra por encima de la media del período de privación de libertad.
Pasado mañana comenzará a regir el nuevo Código de Proceso Penal y diversos actores judiciales coinciden en que llevaría a más gente presa y ante las dilaciones que tuvo en su aplicación tanto el código como la inauguración de la nueva cárcel, no es difícil sospechar que todo coincide en algún punto. Tanto porque la aplicación del nuevo régimen incrementará la “prisionalización” o porque lisa y llanamente aumentaron las actividades delictivas, aunque las autoridades y el oficialismo porfíen lo contrario.
La entrada en vigencia del nuevo código apunta a bajar la cantidad de presos sin condena y, por tal razón, los acusados quedarán libres durante el proceso. Sin embargo el porcentaje de delitos sin esclarecer es alto y se aspira a que los delitos de cierta gravedad no permanezcan impunes, por lo que estiman que el modelo acusatorio llevaría a más personas a la cárcel.
Entonces aquí se plantea no solo un cambio de paradigma en el sistema carcelario propiamente dicho, sino en la rehabilitación, que tendrá mayores posibilidades en lugares de reclusión pequeños con otras expectativas que en sitios que se hacinarán más temprano que tarde, porque el delito continuará con su curva ascendente. También se deberá tomar en cuenta que la rehabilitación por sí misma no es un mito, sino que es algo muy caro y cuando se analiza desde ese punto de vista las discusiones o intercambios resultan estériles porque únicamente con voluntarismo u operadores capacitados para otras tareas no se obtendrán más resultados que los que vemos.
Otro punto en cuestión es político, que utiliza el cruce de opiniones –muy mediatizado– para mantener el tema en la opinión pública, que finalmente reclamará mano dura y represión.
Volviendo a nuestra nueva y enorme cárcel, el Ministerio del Interior ha brindado escasa información al respecto, al igual que sobre la capacitación que reciben 235 operadores penitenciarios y 130 policías que cumplirán funciones allí, o sobre el sistema de funcionamiento y convivencia.
Santiago Vázquez es un pueblo ubicado en el límite de los departamentos de Montevideo y San José, con 1.500 habitantes aproximadamente. Se ha vuelto famoso porque alberga un complejo carcelario con 3.400 presos (más del doble de la cantidad de pobladores), que registra violencia extrema, donde la primera causa de muerte son los homicidios, con superpoblación carcelaria, altos índices de corrupción y escasas posibilidades de rehabilitación a través del trabajo o la educación. Sin embargo se creó hace treinta años con los mismos fines de siempre: reducir el deterioro, posibilitar la convivencia y atender carencias sociales.
En el Penal de Libertad hay más de 1.500 presos y es el centro que lidera la lista de suicidios. El ministro del Interior Eduardo Bonomi, aseguró que con la cárcel en Punta de Rieles será posible su cierre, porque además de crearse 2.000 nuevas plazas, junto a otras nuevas 600 que se habilitarán en el Comcar, se construirá un nuevo recinto en Florida para 150 personas y otro módulo en Canelones que alojará a otros 100 reclusos. Estiman que se elevará a 2.850 plazas carcelarias, a fin de eliminar el hacinamiento.
Ahora bien, con el cierre del penal se mantendrá igualmente una cantidad de lugares que es superior al número de reclusos, pero hay que ver lo que ocurrirá al 2020 o 2025 si crece el delito y la “prisionalización” en los mismos porcentajes. Incluso se deberá analizar si esta privatización toma al recluso como una mercancía atada a un resultado económico que resulte rentable, tal como lo planteó el sociólogo Rafael Paternain.
Solo para tener una idea de las cifras que se brindaron en mayo de 2014, cuando el Estado uruguayo adjudicó esta primera cárcel “PPP”, se supo que se pagará un canon mensual de 200 Unidades Indexadas por cada recluso al consorcio Unidad de Punta de Rieles, integrado por las empresas Teyma e Instalaciones Inabensa, pertenecientes al grupo español Abengoa, y a la empresa de catering uruguaya Goddard. Costará 80 millones de dólares y el contrato se extenderá por 27 años y medio.
Pero es solo el comienzo de un nueva experiencia, en un medio poco acostumbrado a soltar los paradigmas.
