Según Unicef, la pobreza extrema se encuentra en la infancia y sugiere un aumento de las transferencias

(TELENOCHE)
Según el último relevamiento de Unicef sobre la pobreza, nueve de cada diez personas en esta situación en Uruguay tiene menos de 18 años de edad y los adultos que los acompañan. De acuerdo al estudio, “la erradicación o reducción a valores mínimos de la pobreza monetaria –actualmente en 9,7%– equivale en Uruguay a erradicar la pobreza infantil”, indicador que se ubica en el 17,6%.
Gustavo De Armas, autor del estudio, concluye que se está en una “gran oportunidad de disminuir de forma significativa la incidencia de la pobreza multidimensional, actuando en dos dimensiones clave: las condiciones de infraestructura y vivienda de las familias, y la educación de las generaciones más jóvenes”.
El organismo propone una serie de condiciones para revertir esta situación, como mantener el crecimiento económico que se observa desde 2003, asignar “aún mayores recursos a las políticas destinadas a proteger el bienestar de las familias con niños y adolescentes que viven en situación de pobreza o que son altamente vulnerables a caer en esa condición” y “desarrollar programas de gran envergadura para mejorar las condiciones de infraestructura y hábitat de las familias en situación de pobreza estructural”.
Unicef sugiere dar “mayores transferencias, programas de cuidado que armonicen la inserción laboral de los adultos y los cuidados parentales, capacitación y formación de los adultos jóvenes a cargo de estos hogares para conseguir su inserción laboral o mejorarla”.
También propone sumar “el desarrollo de capacidades en las generaciones más jóvenes” a través de la educación. Por este motivo se considera clave “ampliar la cobertura y mejorar permanentemente la calidad de los servicios para la primera infancia” y mejorar “la calidad de la educación básica” y reducir el abandono en la educación media.
UN TRABAJADOR RESULTÓ APUÑALADO EN ARROZAL 33
(SUBRAYADO)
Un trabajador de Arrozal 33 fue apuñalado por un funcionario de la empresa, al tiempo que el sindicato denuncia que tras haber sido agredido, fue despedido por “notoria mala conducta”, cuando no había observaciones en su legajo. El hecho ocurrió el pasado 30 de setiembre, según consta en la denuncia policial realizada por el trabajador atacado, en el destacamento de policía ubicado en el predio de la empresa Arrozal 33. Cuando el trabajador de 22 años ingresaba al trabajo, fue interceptado por un compañero de 42 años que luego de increparle haber rezongado a su perro lo atacó con un cortaplumas, dándole 9 puntazos en la espalda y uno en el abdomen.
El joven herido hizo la denuncia policial de inmediato y fue derivado a un centro asistencial, en tanto el agresor fue detenido sin lesión alguna y puesto a disposición de la Justicia.
El 2 de octubre fue procesado sin prisión por un delito de lesiones personales y ambos fueron despedidos por notoria mala conducta.
La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), que integra el Pit Cnt, denunció ante la Dinatra el despido como abusivo, ya que el joven sindicalizado fue agredido, no atacó, y no tuvo sanciones de ningún tipo en sus 3 años de trabajo en la empresa.
El dirigente de la Unatra, Marcelo Amaya, dijo a Subrayado que no había problemas personales entre ambos trabajadores, y que el día anterior al incidente se había reintegrado a la empresa un delegado sindical, a quien el agresor recibió pateándole sus pertenencias.
El joven apuñalado, retiró en ese momento la mochila del reintegrado, lo que habría provocado la agresión al día siguiente.
UNOS U$S 2.500 MILLONES PARA CINCUENTONES
(EL PAIS-TELEMUNDO)
El BPS presentó sus estimaciones ante la comisión que estudia el proyecto de ley para que los cincuentones puedan optar por dejar las AFAP y jubilarse por el sistema de reparto. El presidente del directorio del BPS, Heber Galli, dijo ante el grupo parlamentario que el costo del pasaje de los cincuentones al sistema de reparto será de U$S 2.500 millones en 48 años, cifra que difiere enormemente de la aportada por República AFAP y por el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el colorado Ariel Davrieux, estimado en U$S 4.100 millones.
Incluso la cifra presentada ahora por el organismo reduce cálculos iniciales de la propia entidad que habían trascendido mientras se analizaba a nivel del gobierno la viabilidad del proyecto. Los mismos eran de entre U$S 121 y US$ 186 millones anuales, pero la cifra aportada ahora es de U$S 52 millones por año.
El Parlamento considera el proyecto de ley que permite la desafiliación del régimen de AFAP, cuyo texto fue enviado por el Poder Ejecutivo y cuenta con el respaldo del Pit Cnt.
El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, precisó que “el lucro no tiene que ver con la seguridad social”.
“Siempre hemos planteado que debería desarrollarse una reforma que garantice una seguridad social universal, sin fines de lucro, solidaria, y, por tanto, sin AFAP. En este caso tenemos un segmento importante de trabajadores, mayores de cincuenta años, que la vida ha demostrado que se jubilan peor en la AFAP que en el BPS. El presidente estableció un compromiso de acelerar el proyecto de ley que permite a los trabajadores de más de cincuenta años jubilarse en el BPS. Nosotros creemos que los compromisos son para cumplirse. Esta aprobación no admite la menor dilatoria”.
DESPIDOS ABUSIVOS A FUNCIONARIOS DE MEVIR
(LA DIARIA)
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes recibió a funcionarios del Movimiento por la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) que denunciaron una nueva política de la institución que obliga a sus empleados a retirarse al cumplir 60 años. Con asesoría jurídica y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Indhh), concluyeron que se trata de una medida “sin fundamentos”.
Los funcionarios sostienen “con preocupación” que se trata de una medida “abusiva” que comunicó la Comisión Honoraria, el órgano que toma las decisiones más importantes en la institución, en octubre del año pasado, por medio de una nota. El anuncio incluye la información sobre un “beneficio” para quienes, además de tener 60 años, cuenten con más de una década de antigüedad en ese trabajo. Si se anotan en el correr de este año, los que resuelvan acogerse al beneficio podrán obtener tres salarios extra sobre la indemnización de despido. Quienes, en cambio, no lo hagan, serán despedidos de todos modos una vez cumplidos los 60 años, con la indemnización legal.
La Asociación de Funcionarios de Mevir (Afume) planteó a los diputados que, a partir de asesoramientos jurídicos, concluyeron que se trata de “un despido sin fundamentos y arbitrario, independientemente de la indemnización”, dijo la presidenta, Agustina Martínez. Los funcionarios que acudieron al Parlamento sostienen que las autoridades se han “reservado la potestad de que ciertos funcionarios continúen formando parte de la plantilla” –cuatro de ellos han sido notificados hasta el momento– y que, ante los pedidos de explicaciones de esta excepción, la respuesta fue que “se entendía que eran imprescindibles”.
Los contemplados son “un personal de confianza –que ingresó con el presidente anterior de la institución– que luego tuvo acceso a un cargo funcionarial en la institución, un técnico y un profesional de la institución que fue gerente general y que ahora vuelve a su cargo en la unidad en la que trabajaba”, dijo Martínez.