La deuda de Alas U

En las últimas horas se confirmó la noticia que Alas Uruguay daría quiebra en noviembre, dejará una deudas de 22 millones de dólares y su principal acreedor, el Fondo para el Desarrollo o Fondes, no verá una moneda. Es que su patrimonio llega apenas a 450.000 dólares, se encuentra en concurso, no tiene interesados en invertir y perdió su certificado de operador aéreo.
La empresa dejó de volar el 24 de octubre de 2016 y el pasivo total asciende exactamente a 21.871.000 dólares, con un activo compuesto por bienes y mobiliarios de poco más de 481.000 dólares, y además del Fondes –que le había prestado 15 millones de dólares– se deben agregar otros 10 millones del billete verde, por concepto del seguro de paro que se extendió entre 2012 y 2015. A esto se suman las deudas con el BPS por aportes patronales (más de 31 millones de pesos), con la DGI (más de 12 millones de pesos), con Antel (unos 165.000 pesos), con Dinacia por retención de pasajes (casi 7 millones de pesos) y por concepto de arrendamiento de las aeronaves (más de un millón de dólares).
Se agrega el reclamo de trabajadores, empresas de catering a bordo, agencias de publicidad, la empresa encargada del mantenimiento de los aviones, el diario El País, y una lista que se extiende. Las empresa decretará su quiebre cuando ingrese en la etapa de liquidación judicial y, en tal sentido, se estudiará la respuesta patrimonial de sus titulares. Cabe recordar que a finales de 2016, los trabajadores que ingresaban a la aerolínea brasileña Azul se comprometieron a destinar una parte de sus salarios a pagar los pasivos generados por Alas U, en el marco de una votación por mayoría (70 en 100), en una asamblea efectuada por los funcionarios.
Por ese entonces, el presidente del directorio del Fondes Inacoop, Gustavo Bernini, dijo que era “claro y notorio” que la empresa “no está en marcha”, y por esa razón solicitó el concurso de Alas U. El 24 de octubre del año pasado anunció a la Dinacia que suspenderían sus vuelos por 60 días. Sin embargo, no voló nunca más.
Si se utilizaba la retención salarial de los trabajadores de Azul, no se ejecutaría la garantía para el crédito otorgado por el Fondes compuesto por propiedades de la entonces presidenta de Alas U, Sabrina Acevedo, que era una casa en Pocitos y dos residencias, una en Parque del Plata y otra en Ciudad de la Costa, además de dos vehículos aportados por el Pit Cnt, que no llegan a la mitad del total adeudado. En la asamblea mencionada, afirmaron que así planteada la situación “la responsabilidad de la mala gestión queda sobre los trabajadores” y se firmaba “un cheque en blanco”. En tanto tampoco se definía el porcentaje salarial que se iba a retener para afrontar el compromiso.
De esta manera, quitaban el peso político del fracaso al gobierno que, por otro lado, financió el proyecto ante las insistentes gestiones de un grupo de trabajadores porfiados que quiso emprender vuelo, con las dos alas quebradas y un pasado ya recargado de frustraciones.
Aunque el informe de la Unidad Técnica del Fondes decía que existían “importantes debilidades y amenazas” con el otorgamiento de un crédito, por los “latentes riesgos importantes derivados de la combinación de factores negativos que han resultado inviables muchas empresas del sector”, igualmente se aprobó la solicitud. Y en el medio de la cuestión se encontraba Azul, que no quería líos sindicales.
La historia continuó en los primeros días de este año, cuando el Fondes presentó el concurso de la firma de Alas Uruguay, o sea Dyrus S.A, y de esa forma impidió que la empresa lo haga por su lado. Si el concurso se califica como fortuito el acreedor cobraría con los bienes, pero si es culpable, haría responsables a quienes figuraron como directores de Alas U.
Como sea, la gran historia ya contenía un karma negativo con Pluna, que dejó de volar en junio de 2012, tras 76 años de historia. Luego de un acuerdo de varios meses de negociaciones, la aerolínea de bandera había firmado un acuerdo con los acreedores del concurso por un total de 66 millones de dólares y así se llegaba al fin de un periplo de deudas, juicios, cruces de declaraciones y renuncias en el gobierno del expresidente José Mujica.
Pluna tenía unos 200 acreedores, principalmente Ancap, Banco de Seguros y proveedores, además de 300 trabajadores. Después vino “el caballero de la derecha”, el polémico remate de los siete aviones Bombardier, Cosmo y el aval bancario irregular que decapitó la actividad política del entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien no pudo recomponer jamás su imagen y la del entonces presidente del directorio del BROU, Fernando Calloia. Un año después del fin de la historia de Pluna, la justicia uruguaya mandó a prisión a los socios de la aerolínea Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, imputados por el delito continuado de estafa especialmente agravado. Y unos meses después a Lorenzo y Calloia por abuso de funciones.
La irresponsabilidad ejercida para insistir en la reactivación de una empresa de este tipo –antes que la falta de previsión o de inteligencia– motivó tanto al gobierno de turno como a los trabajadores, a actuar irreflexivamente porque alcanzaba con hojear, nada más, los sucesos ocurridos años atrás con Varig con sucesivas pérdidas y juicios, tras la asociación con la empresa brasileña.
Pluna siempre tuvo que pagar y así afrontó la deuda por casi un millón de dólares, por concepto de mantenimiento de su flota en 2006 que, si bien corría por cuenta de su accionista mayoritaria que era Varig, la brasileña se encontraba en una situación económica “muy delicada”.
Al año siguiente, el ente estatal uruguayo reclamó una cifra similar por el transporte de pasajeros a Varig, que se extendió con el paso de los años hasta su cierre definitivo. Mientras tanto, tuvo que cargar con el litigio iniciado por 7.000 extrabajadores de Varig, que el Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió a favor del estado uruguayo recién hace tres años porque Pluna está disuelta. La demanda se elevaba a la friolera de U$S 3.500 millones. Como contrapartida, la justicia del país norteño condenó a Varig, quebrada en 2006, a pagar una multa de U$S 6 mil millones.
Todos conocían esta larga historia porque fueron protagonistas directos o indirectos, con mayores o menores responsabilidades. Sin embargo, emprendieron la “aventura” en “un mercado que es muy duro y diabólico”, como dijo Mujica. Ahora la pregunta es: ¿quién pagará esta nueva fiesta para los amigos ideológicos?

 

Compartir:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone