Empresas inviables

A mediados de julio, el Fondo para el Desarrollo (Fondes-Inacoop) realizó el lanzamiento de nuevas líneas estratégicas, ante representantes del movimiento cooperativo y de la economía social, para potenciar el crecimiento del sector.
En la oportunidad, se presentaron los cambios que apuntan a una diversificación de la demanda y los topes por líneas programáticas para evitar el riesgo del “no retorno” de los préstamos. Además, la necesidad de contar con un sistema de compras públicas que apueste a la distribución de la riqueza y transparencia del desarrollo de la economía. Si bien el Fondes se creó bajo la administración del expresidente José Mujica, en los últimos meses, bajo la dirección de Gustavo Bernini, conforma una nueva institucionalidad. En los hechos, esta implica una restricción de los fondos que se prestan, porque una parte de los recursos se encuentran bajo la gestión de la Agencia Nacional de Desarrollo y destinan un tope máximo anual y por emprendimiento.
El Fondes-Inacoop tiene unos 10.000.000 de dólares y pretende ejecutar el 65% de ese total en 2017, sin embargo, tiene pendiente desde el Ministerio de Economía el traspaso de parte de las utilidades del Banco República, correspondiente a 2013 (30 millones de dólares). Así lo recordaron algunos representantes –entre ellos, de Paysandú–, en un comunicado difundido al finalizar el último encuentro del cooperativismo en zona de frontera, realizado en Gualeguaychú y Fray Bentos, el viernes 29 y sábado 30 de setiembre.
En todo caso, la nueva organización apunta a emprendimientos que generen desarrollo novedoso y sean sustentables en el tiempo, como la nanotecnología y el software. Sin embargo, apoya a emprendimientos que tienen dificultades, como la cooperativa de Cerámicos de Empalme Olmos o Funsacoop (anteriormente Fábrica Uruguaya de Neumáticos S. A.). “Es difícil que te paguen, pero si cierran, no te van a pagar más. Además es un tema social. Si se cae Olmos o Funsa, es un drama”, había dicho Bernini a comienzos de este año, ante la estructura institucional.
Olmos no pudo ingresar al mercado argentino por las barreras no arancelarias y ya recibió del Fondes más de 13.000.000 de dólares, al tiempo que en los balances de 2016 de Inacoop figura la presentación a concurso de Alas Uruguay y 11.000.000 de dólares que pasarán al rótulo de incobrables. El caso de Funsacoop va de la mano con el de Urutransfor, que padecen atrasos en sus negocios con Venezuela y, por tanto, pagan cuando reciben el dinero, pero ahora quieren reforzar su presencia en la plaza uruguaya con la participación en licitaciones públicas.
Sin embargo, la cooperativa de neumáticos quiere renovar su contrato con el país caribeño, a pesar del enlentecimiento en las entregas. A Urutransfor, la estatal venezolana Corpoelec le debe dos millones de dólares y no cuentan con capital de giro, si se tiene presente que la última factura demoró un año y medio en cobrarse, pero en ambos casos Venezuela es su principal cliente.
Envidrio, otra empresa autogestionada por extrabajadores de Cristalerías del Uruguay, está parada y sus trabajadores permanecen en el seguro de paro. Acumuló préstamos por U$S 11,5 millones y construye su segunda planta en el Parque Tecnológico del Cerro desde hace cinco años y requiere mayores recursos para su finalización; los trabajadores apelaban a un crédito internacional por U$S 1,2 millones.
Ahora el diputado nacionalista Rodrigo Goñi pretende citar al Fondes a la Comisión de Cooperativismo del Parlamento a la primera sesión de noviembre por las supuestas contradicciones entre las declaraciones de las autoridades institucionales y los cooperativistas, con relación a los préstamos concedidos, además de los aportes realizados por Venvidrio, la estatal venezolana que tiene el 50% de las acciones de la cooperativa.
Pero la nueva institucionalidad y sus transformaciones legales, establecidas en la actual presidencia de Vázquez, impiden que Envidrio sea asistido con nuevos créditos y negocian las maquinarias como garantías, en caso de que la iniciativa no continúe. El nuevo marco normativo fija topes de U$S 400.000 por emprendimiento y, en este caso, no existe una capacidad de pago de sus deudas.
Mientras el Inacoop aguarda que Economía cumpla con la ley y transfiera las utilidades del BROU, también debe correr con las nuevas exigencias del Banco Central del Uruguay –de blindaje y mejora del capital bancario– que impide esta capacidad del banco país hasta el 2020. Así como algunas de las denominadas “empresas recuperadas por los trabajadores” no serán asistidas crediticiamente ante la imposibilidad de repago, existen otras empresas que permanecerán cerradas, como Fanapel, que acumula una deuda de 14 millones de dólares con perspectiva negativa (BB).
Las calificadoras de riesgo analizan que su estructura inviable y la demanda deprimida vuelven la empresa altamente ineficiente y con pocas probabilidades de retomar sus operaciones. Estos escenarios diversos plantean una problemática común, aún sin resolver, como las dificultades que presenta la reconversión laboral en Uruguay. A pesar del impacto social que genera la interrupción de la producción de cualquiera de los ejemplos detallados, la evolución de los perfiles del empleo y la mano de obra en Uruguay sostienen dificultades históricas, que siempre requieren de una solución a “papá Estado”, mientras este se blinda y restringe frente a un escenario incierto.