El punto de inflexión que no vemos

Según la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), una de cada tres personas en Uruguay trabaja en los sectores más vulnerables a los procesos de automatización.
Sin embargo el gobierno, al tiempo que implementa políticas públicas de capacitación, desarrollo productivo y un marco regulatorio que logre enfrentar la pérdida de empleo que generará el cambio tecnológico, considera que se debe ir “de a poco” hacia un cambio en la edad de retiro que –en los hechos– ya se cumple.
En el país hay 500.000 personas mayores de 65 años y, sin dudas, son temas inherentes a la Seguridad Social. Una población envejecida y sus consecuencias, presenta trabajadores que se animan a extender su vida laboral más allá de los años de trabajo exigidos para una jubilación. A pesar de los anuncios constantes de la necesidad de una política de fondo, con reformas de paramétricas y cálculos a mediano o largo plazo. Existe una realidad y es que los índices de natalidad se mantienen sin mayores cambios, incluso según las zonas se observa una tendencia a la baja, y por otro lado la población más añosa permanece en sus lugares de trabajo.
Es tal como lo reconoce el programa del Frente Amplio: “Es un proceso que se profundiza, siendo imprescindible encararlo”, con medidas que comiencen “por una alteración muy gradual de las edades de retiro, previendo y evitando situaciones que puedan generar políticas de shock”.
A todo esto debe sumarse que aumentan las expectativas de vida de los uruguayos, pero la cuestión es que no se ha estudiado la forma de financiamiento del sistema de seguridad social, ante una posible solución con la denominada tasa de reemplazo, o el porcentaje de sueldo que se cobrará como pasividad que hoy se encuentra por debajo del 50%. En realidad, y de acuerdo al panorama de prioridades trazado por el ámbito parlamentario con mayorías oficialistas y del Poder Ejecutivo, no será un tema que se considerará siquiera en el próximo gobierno.
Mientras tanto, se escuchan ofertas: van desde las bonificaciones por año de trabajo extra a partir de 60 años, estímulos a la natalidad, incremento de los topes y un sistema que calcule la totalidad de los aportes efectuados en la vida laboral de un trabajador, a diferencia de lo que ocurre actualmente.
Y tal como lo reconoce el titular de la citada repartición de la OPP, Fernando Isabella, la automatización no es una resolución a futuro, sino que ya ocurre en los diversos procesos industriales, agropecuarios y de servicios con una inclinación a las actividades cognitivas y menos manuales. Claro que siempre la pregunta será: ¿y, entonces, quién produce en este país? No es un tema menor por cuanto si aumenta la natalidad pero no hay trabajo genuino para las nuevas y crecientes generaciones, el problema puede agudizarse en lugar de ser una solución.
A juzgar por el cruzamiento de la información, ciertamente coincide con lo que se presenta a diario porque en su mayoría existe propensión a las actividades de servicios y administrativas (1 de cada 3), con trabajadores que cursaron hasta educación secundaria y, por tanto, vulnerables a la automatización. Un trabajo académico denominado Prospectiva laboral en Uruguay, realizado por las facultades de Ciencias Económicas y de Ingeniería de la Universidad de la República, analiza las dificultades que plantea el acceso de los jóvenes al mercado laboral.
Los expertos consultados pronostican una nueva fuga de cerebros, que dejará una plantilla de trabajadores con poca tendencia a especializarse porque la automatización requiere otro nivel de capacitación y dedicación. Esto conlleva a la constatación de una “vulnerabilidad estructural” que presentará la sociedad uruguaya en general, si bien la realidad indica que existen sectores de la industria y los servicios donde cuesta el cambio de enfoque y una necesaria transformación cultural que aporte el famoso “valor agregado” para no continuar con una primarización que responde al siglo XX y en algunos segmentos al XIX. Es que el perfil del trabajador uruguayo de mediana edad sostiene una tendencia a quedarse con lo aprendido y en el caso de los jóvenes, resulta al revés. Las nuevas tecnologías y otros procesos de aprendizaje motivan a la búsqueda de nuevos oficios o labores que, al menos por ahora, se encuentra en desventaja porque el empleo público aún marca la atracción y las metas de quienes finalizan su educación y salen al mercado de trabajo.
Entonces, la brecha de desigualdades se profundizará por circunstancias culturales arraigadas en la población y en los gobiernos, y –sin dudas– no será provocado por regímenes neoliberales, a pesar de la insistencia en los discursos. En todo caso, la idiosincrasia uruguaya –así como en otras circunstancias– pesará sobre los resultados y los relegados no podrán ser alcanzados por subsidios, tal como ocurre ahora, porque estos beneficios nunca solucionarán las problemáticas estructurales.
Un aumento de la marginación también se convertirá en un factor de desestabilización, porque el desencanto tampoco se sostiene con asistencialismo, si no hay una cuota de reemplazo laboral importante que mejore los ingresos al país, la tecnificación y el desarrollo de los segmentos productivos que aún siguen bajo la primarización industrial. Incluso el “cambio de chip” deberá enfocarse en las inversiones porque la instalación de una tercera planta de celulosa en el país dará trabajo igual que las dos anteriores, es decir, durante el tiempo de su construcción y puesta en marcha, en tanto la “automatización” reducirá la mano de obra real. Y para que las evoluciones en cada materia se vuelvan estructurales y sirvan de algo, deben ejercerse desde arriba hacia abajo, por lo tanto, el discurso político hacia la población deberá modificarse, sin pensar en estrategias electorales sino en el bien común. Ocurre que se insiste en un incremento económico sostenido en “la década ganada”, pero que en contraposición no ganó la oferta de empleo porque crecen los sectores que no generan tanta demanda laboral.
Este punto de inflexión que atraviesa Uruguay ahora mismo, es analizado de manera continua en un país que apetece el estado permanente de debate sin una focalización específica, en tanto seguirá siendo un país caro para producir y con alto costo de vida. Pero las cuestiones impositivas no son resoluciones que se expanden con equilibrio en toda la cadena, sino que responden a la “corrección política” y se concentran en las áreas que generan entre el 80 y 90% de las fuentes de trabajo, o sea, las pequeñas y medianas empresas.