El poder del león alado

Hacía varios meses que en el Ministerio de Economía y Finanzas se sabía que iba a renunciar Andrés Masoller, el director de Asesoría Macroeconómica de la cartera, ante las diferencias que mantenía con los criterios de negociación que lleva adelante el Poder Ejecutivo con la empresa UPM. Incluso esas dudas y reservas son compartidas por el ministro Danilo Astori, quien no está de acuerdo con las concesiones, exoneraciones tributarias y pago de canon –entre otros beneficios planteados fuera del marco legal vigente– que se otorgaría a la multinacional finlandesa.
Las dificultades persisten ante nuevas exigencias referidas a los beneficios para la inversión industrial, con la inclusión de las plantaciones forestales y su régimen tributario, además de precios especiales por la venta de energía a UTE, aunque el país no la necesite, y un preacuerdo laboral de novedosas características.
A esto se suman las inversiones –a costo del Estado uruguayo– en el transporte ferroviario, carretero y portuario con destino a la planta y hacia el puerto de Montevideo. Todo eso es una bomba en la línea de flotación del discurso del equipo económico que insiste casi a diario en la necesidad de bajar el déficit fiscal y finalizar el período de gobierno en un 2,5% del PBI, sin mencionar el incremento del nivel de endeudamiento nacional.
Sin embargo, el asunto hoy –más que económico– es estrictamente político porque el presidente Tabaré Vázquez presenta la segunda planta de UPM como la mayor inversión del país (que lo es), pero de soslayo la refiere a un logro del Frente Amplio con miras a ubicarla en un futuro discurso de campaña electoral. En todo caso, UPM necesita una segunda planta ante la capacidad de carga y calado limitado de los puertos cercanos, que deben completarse en Brasil para llegar a sus destinos, con el consiguiente aumento de los costos.
Y todo esto bajo un manto de confidencialidad tan estrictamente aplicado, cuyos alcances han puesto nerviosa a la oposición que reclama un espacio de diálogo semejante al que Vázquez convocó en oportunidad del comienzo de las prospecciones para la búsqueda de petróleo. Esa es su reacción ante las desavenencias internas del gobierno que comenzaron a salir a la luz y el paso al costado de Masoller no es un dato menor, en tanto era un funcionario de estricta confianza que se mantuvo durante las tres gestiones frenteamplistas.
Por eso el gobierno es tan prudente en sus declaraciones, al tiempo que no demuestra acciones o gestos concretos que permitan siquiera insinuar que se instalará la segunda planta, inclusive Astori reconoció que aún “se está muy lejos” de un acuerdo, porque es prioritario que la inversión obtenga un “balance beneficioso” para el país.
No obstante, la multinacional mira sus propios números que arrojan una ganancia neta de 444 millones de euros en el primer trimestre de 2017 y, si se calcula la puesta en marcha de una segunda planta, la ganancia se ubicaría en 220% por encima de la inversión para su instalación. Sin embargo, se desconoce cuánto quedará para Uruguay y cuánto marchará a los países proveedores, y no estaría tan mal querer saberlo en tanto el gobierno nacional, las intendencias y la sociedad hacen renunciamientos ante tantos subsidios.
La “celeridad” o el apuro solicitado por Vázquez para avanzar en las concesiones, se cobró una figura central en las negociaciones con UPM y la suma de otras frustraciones (como el acuerdo para los “cincuentones”) terminó en un portazo que aún se escucha en la sede de la calle Colonia.
Es que asombra tanto secretismo y la escasa filtración de los detalles, cuando estamos acostumbrados a que las “fuentes cercanas al Gobierno” hagan la tarea de informar, tal como ocurrió en los días previos a la renuncia del ex vicepresidente Raúl Sendic, o en tantos otros temas, y también confunde en su mensaje ostentoso de continua transparencia porque en este caso, directamente se sabe muy poco. Se desconoce el lugar de su instalación, los detalles de la fábrica y la tecnología que utilizará, volúmenes de procesamiento de pasta de celulosa y de dónde sacará el agua. Se ignora hacia dónde se arrojarán los efluentes: el río Negro o también denominado “río verde” ha llegado al límite de su contaminación y alcanzan las fotografías de los paseantes por la zona aledaña a la represa del Rincón del Bonete, además de los animales muertos en el área, para atestiguar que esa fuente de agua ya no da más porque no es el río Uruguay. En realidad, los más desinformados residen en el interior y más allá de las necesidades de inversión y trabajo que presenta ese mismo territorio, existen aspectos relevantes como el patrimonio natural que, en definitiva, también sostiene al país.
Que las necesidades no nos lleven a adoptar decisiones comprometidas porque en las cuestiones ambientales es muy difícil una vuelta atrás y a eso lo sabe perfectamente la ministra del ramo, Eneida de León, quien también ha manifestado reparos a la extensa lista de concesiones. O el exintendente de Montevideo, Mariano Arana, tras ratificar su postura contraria a que la producción de esta segunda planta, en caso de instalarse, pase en trenes y salga por el puerto de Montevideo. El arquitecto resalta las consecuencias que tendrá en los barrios afectados, con el ingreso y salida de los trenes de manera continua –si se deja el trazado como está– y recuerda un proyecto de ampliación con salida hacia Puntas de Sayago, con el aval de la Administración Nacional de Puertos.
El exjefe comunal capitalino tampoco se cansa de recordar que los gobiernos departamentales son, en realidad, los encargados de definir las variables estructurales en una ciudad. Y hasta el momento, con respecto al ferrocarril, ha hablado mucho el ministro de Transporte Víctor Rossi.
Por su lado, el intendente Daniel Martínez, coincide en los perjuicios que traería el transporte ferroviario con la actual delimitación y también apunta al proyecto mencionado por Arana, que saca la producción hacia el oeste. Pero estas alternativas no figuran “en el orden del día”, de acuerdo con la definición de Rossi.
Siempre se espera que se gobierne para la población y se adopten las medidas necesarias para paliar dificultades laborales o productivas, pero cuando se gobierna con la pizarra en la mano y bajo un rédito electoral continuo, también resulta peligroso. Porque además del pueblo, observa aquel león alado.