Las cooperativas sociales contratadas por Ancap para realizar tareas de mantenimiento de áreas verdes y cocina –desvinculadas por el directorio que preside Marta Jara– aguardan una respuesta del ente para obtener un subsidio o “recuperar seis meses de trabajo, tras el compromiso a comienzos del año” de acceder al beneficio.
Graciela Techera, integrante de Comil, una cooperativa social a cargo del mantenimiento en la planta de Ancap Paysandú –cuyos contratos de trabajo finalizaron en enero y no se renovaron–, dijo a EL TELEGRAFO que a raíz de “las reuniones con el Sunca, Pit-Cnt y Fancap, los trabajadores de una empresa de vigilancia acordaron en la Dirección Nacional de Trabajo”. Sin embargo, el beneficio no alcanzó a los cooperativistas, mientras el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) comenzó con sus cursos de capacitación.
Tras reuniones con legisladores del departamento resolvieron presentar una nota al directorio, a fin de lograr una entrevista, “porque no son lo mismo las negociaciones entre sindicatos que un encuentro con las jerarquías”, señaló Techera. En forma paralela a las gestiones, al finalizar el contrato, presentaron la documentación y recibos de sueldos requeridos por las autoridades “para ingresar al beneficio del subsidio, a raíz de un llamado de la planta local”, pero las negociaciones no prosperaron y el directorio negó los nuevos ingresos.
Las integrantes de las cooperativas sociales manifestaron su “enorme impotencia”, en tanto han visto los acuerdos firmados “por otras empresas contratadas”, ante la negativa de una renovación contractual con las cooperativas que implicaría el desembolso de unos nueve millones de pesos. “En realidad pagan en total unos 13 millones de pesos por el mismo concepto a trabajadores de una empresa que facturaba”, precisó. Las cooperativas afectadas a las tareas en el ente involucraban a unas 42 personas que conforman una plantilla de un total de 200, que la empresa necesita desvincular a fin de lograr liquidez en las cuentas oficiales.
“Hasta pedimos que se nos hiciera una última contratación y que formara parte de una de las cláusula del contrato, porque nuestra preocupación era alcanzar seis meses y hacer un seguro de desempleo por otros seis meses más. Nada de eso se logró, porque el directorio nunca nos atendió. Incluso argumentan que no saben dónde depositarán el dinero, mientras los cooperativistas llevan adelante los cursos, pero sacaron 13 millones de pesos para pagar otros subsidios. Esas injusticias no se entienden”, dijo Techera.
La integrante de la mesa de cooperativas sociales reconoció que “si el ente logró acordar con el Sunca para contemplar a los trabajadores de la empresa de vigilancia, por nuestra parte pensamos que el mejor arreglo es con el Mides, porque Ancap firmó el acuerdo con el ministerio para que nosotros ingresáramos a la planta”.
