Lo que ocurre en ASSE es raro. La expresidenta del directorio, Beatriz Silva, y su actual titular, Susana Muñiz, participaron juntas en la inauguración –con corte de cinta y foto incluida– de una red de ambulancias propiedad de tres directores de hospitales que contrataban dichos servicios con el Hospital de Bella Unión en 2013. Cuatro años después, cuando se le consultó a Silva por el relacionamiento profesional de naturaleza irregular en el marco de la comisión investigadora en el ámbito parlamentario, argumentó que desconocía ese vínculo. Muñiz, por su parte, admitió el contrato y la constatación del conflicto de intereses a raíz de una auditoría, tanto como para decir que “estuvo mal” el procedimiento.
Silva, junto al exvicepresidente Enrique Soto, tampoco recordaron el pago de $ 225.000 en honorarios a abogados que defendieron a funcionarios denunciados por ASSE ante supuestas irregularidades, con lo que configura otra irregularidad –además de falta de lógica– que el propio organismo solvente los gastos de abogados defensores de personas que obraron en contra de la administración.
Entre la amnesia de una y el reconocimiento de la otra, aparece un abismo admitido por el diputado frenteamplista Luis Gallo, quien manifestó su insatisfacción ante las declaraciones presentadas por la extitular del organismo que gestiona los hospitales públicos en el país. Pero, aunque se ha demostrado el error en la contratación, la empresa privada aún percibe dineros públicos que van a los bolsillos de los tres directores. Es decir que, el Sistema Nacional Integrado de Salud –a diez años de su creación– aún privatiza servicios, cuando ya se ha demostrado la existencia de recursos estatales fijados a través de los distintos mensajes presupuestales, y a pesar de las permanentes observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
Paralelamente, la firma mencionada no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública, algo que también “está mal”, según la definición de Muñiz. Es raro, incluso, que ASSE argumentara la falta de recursos para el traslado de pacientes ante la necesidad de contratar otros servicios, porque cuando el TCR falló en contra de la solicitud, el organismo dispuso de su servicio de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105), que –por supuesto– tiene un costo anual menor en comparación con la empresa propiedad de tres directores. No obstante, y a pesar del reconocimiento de los errores, lo llamativo es el tiempo transcurrido para su corrección, porque más allá de las formalidades se encuentra la voluntad política para enmendar irregularidades, si se tiene en cuenta que hasta el mes de setiembre los médicos empresarios cobraron su factura.
Con la prestación del servicio estatal de traslado, ASSE destinará $ 13 millones este año, en comparación a $ 16 millones gastados en 2016, con la contratación a privados.
Y también es raro que un gobierno que hace gárgaras con la defensa de las empresas públicas e impulsara a través de su fuerza política la supremacía de los entes estatales, hoy cuente con tantos servicios privatizados nada menos que en la salud y permanezca rehén de contratos suculentos que se pagan con plata de todos, pero van a parar a los bolsillos –en este caso– de tres personas empresarios que además son funcionarios del Estado.
Como sea, el trabajo no terminará acá porque el siguiente caso que abordará la comisión corresponde al Hospital de Rivera, donde también se constataron “presuntas irregularidades administrativas” con la contratación de una cooperativa social que se encargaba de pagar los sueldos, y el consiguiente cese del director y subdirector. En el nosocomio fronterizo costó un Perú la separación del cargo de sus jerarquías, ante el respaldo explícito brindado por Muñiz, a pesar de los contratos existentes con una empresa brasileña y el pago de sueldos con recursos que no estaban destinados a ese rubro, sino para “Estudios Médicos Sanitarios y Sociales”, que también se incrementaron “llamativamente”.
Resta conocer lo ocurrido en los hospitales de Mercedes y Dolores, donde jerarcas de ASSE contrataron a sus propias empresas para realizar traslados, en situaciones confirmadas a través de auditorías. O lo ocurrido en el Centro Auxiliar de Rosario, Colonia, que adjudicó el servicio de traslados a una empresa que a su vez contrata con una emergencia de Colonia, la que entre sus funcionarios tiene al director del centro de salud.
O lo sucedido en el hospital de Treinta y Tres, donde se contrataron tomografías a una firma en la que trabajaba el director del nosocomio, o el sumario contra la exdirectora del Hospital de Mercedes, quien contrataba a su propia empresa de ambulancias por encima de los costos habituales. Es decir que hay mucho para investigar.
Ahora la comisión quiere reunirse con el expresidente de ASSE, durante la administración de José Mujica, el sanducero Mario Córdoba, en tanto considera que su figura es clave para la investigación a pesar del corto tiempo ejercido (marzo 2010- mediados de 2011). Córdoba fue destituido, tras solicitar un aumento de $2.400 millones en la Rendición de Cuentas de 2011, cuando la orden de entonces era “gasto cero”. Asimismo, requieren al director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, procesado sin prisión por “conjunción de interés personal y público”, luego de favorecer con la contratación a empresas de limpieza tercerizadas que estaban vinculadas a su propio sindicato. A Córdoba, no pudieron ubicarlo y Silva, manifestó que no irá porque se encuentra con un “estado anímico particular” que le impedirá su comparecencia.
El presidente Tabaré Vázquez, médico de profesión, conoce la interna de las contrataciones de servicios mejor que la palma de su mano, sin embargo, solicitó una investigación a su fuerza política porque la preocupación es visible. Por más que el partido de gobierno quiera salir a defender los logros en materia de políticas sanitarias, hay cuestiones que no se tapan con un dedo. Los negociados están expuestos a la vista de todos y hay que ser muy necio para negarlo. Y de ser como aparentan los hechos, habría un claro perjuicio para el Estado, más allá del aspecto ético. Porque en estos casos los servicios en cuestión no tienen el control del Estado y por lo tanto cuando las empresas fijan las tarifas pueden resultar muy superiores a lo que otro competidor –o el propio Estado– puede cobrar. Entonces, no es válido pensar que “si ASSE hubiese contratado a otra empresa terminaba gastando lo mismo”, sino que podría ser más o menos dinero en juego.
En momentos en que se habla hasta el cansancio de la ética, la transparencia y un correcto manejo de las finanzas públicas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado de los últimos años parece un colador. Pero es raro que Vázquez, aún conociendo el paño, no se alarme. O tal vez, no lo sea tanto.
