El gobierno y la Justicia españolas consideran anticonstitucional la consulta de mañana por la independencia de Cataluña. El Ejecutivo separatista que administra el territorio catalán piensa todo lo contrario y está decidido a celebrar el referéndum y tilda de “represión” la actitud de Madrid. El movimiento catalanista siempre tuvo adeptos en esa región próspera y pujante, pero en los últimos años ha tomado fuerza e impulso, y la idea de una Cataluña separada de España ha calado en buena parte de los catalanes. En todo caso, ha sido un proceso que ha dañado la convivencia de los españoles y es una brecha que la Madre Patria –sea cual sea el desenlace– demorará en reparar.
Los hechos de los últimos días hablan a las claras de la tensión existente. Al tiempo que la Justicia declaraba ilegal la consulta, el gobierno nacional tomó medidas para impedirlo, como interceptar por parte de la Policía millones de papeletas y al menos 14 funcionarios del Ejecutivo catalán resultaron detenidos. Además, la junta electoral –que había sido creada para la consulta– renunció y miles de policías fueron enviados a Cataluña para impedir el funcionamiento de los colegios electorales.
Pero los independentistas no se quedarán quietos. No lo han hecho. La confrontación está planteada. El consejero catalán de Exteriores, Raül Romeva, insistió en que el referéndum se realizará. “Las papeletas se pueden volver a imprimir tantas veces como haga falta, el censo lo tenemos, las urnas están, los colegios electorales estarán”, aseveró.
Por esta razón, es probable que la votación se produzca de forma desordenada. “Se intentará organizar un simulacro de votación, ya veremos con qué seguimiento y con qué capacidades”, afirmó Miquel Iceta, líder de los socialistas catalanes, que se oponen a la consulta. Según las previsiones, se espera que los catalanes voten por el sí y que los que están en contra no participen en los comicios. En caso que gane la opción de independencia, pueden presentarse distintos escenarios.
La primera opción, según Gabriel Colomé, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, sería optar por no proclamar la independencia rápidamente, como prevé una ley votada en el Parlamento catalán, de mayoría secesionista. En cambio, los independentistas podrían convocar movilizaciones masivas en toda Cataluña.
Como consecuencia, la economía española podría salir perjudicada. Una huelga en Cataluña sería negativa debido a que la región aporta 19% del PBI nacional. Bajo ese escenario, Colomé cree que podría haber una negociación sobre la concesión de más competencias al gobierno regional y una mejora de la financiación.
De acuerdo con el profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas García, el presidente catalán Carles Puigdemont podrá hacer una declaración unilateral de independencia. La legislación vigente estipula que Madrid pueda tomar el control de la Policía catalana. Incluso podría detener a Puigdemont. Para García, esta imagen daría la vuelta al mundo y serviría a los separatistas para “convertir la lógica de la independencia en la lógica de la defensa de la democracia contra el Estado represor”.
El tercer escenario, según los expertos, es que los separatistas no declaren la independencia y disuelvan el Parlamento, lo que llevaría a llamar a elecciones anticipadas en Cataluña. Los separatistas confían en que la tensión de los últimos años les haya hecho ganar apoyos y les dé una mayoría más amplia en la composición de la próxima cámara, con la que seguir peleando por la secesión. La Policía regional catalana, llamados los Mossos d’Esquadra, advirtió del riesgo de desórdenes públicos que se derivarían de la orden judicial de precintar los colegios electorales y vigilarlos para que nadie vote mañana. Sin embargo, el jueves el consejero regional catalán de Interior, Joaquim Forn, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, insistieron en la necesidad de preservar la “convivencia” y el orden, pase lo que pase.
España, ya expuesta en el norte al independentismo de parte de la sociedad vasca, vive desde principios de setiembre su peor crisis política en casi 40 años, de acuerdo con la opinión de todos sus dirigentes: el 5 de setiembre, el parlamento catalán adoptó una ley por encima de cualquier otra norma –Constitución incluida– para organizar este referéndum. Una mayoría de habitantes de esta región autónoma del noreste de España, desea un referéndum legal, aunque estén divididos acerca de la independencia.
La tensión es palpable por estos días. Las autoridades catalanas apelan constantemente a la calma y al civismo. Aunque para prevenir cualquier eventualidad, el gobierno español ha desplegado allí dos tercios de sus agentes antidisturbios y más de 10.000 agentes de las fuerzas del orden, aparte de los 16.000 mossos.
El desafío de la independencia de Cataluña es una bola de nieve que no se detiene. Ya hubo algunas consultas de este tipo, no vinculantes, en el pasado, y las manifestaciones por ese objetivo se han sucedido en el último tiempo. Es una realidad que dañaría a España y, al mismo tiempo, no está claro que los catalanes por sí mismos puedan sustentar su engranaje económico, un mecanismo beneficiado por su conexión con el Estado nacional y, claro está, a través de España con Europa.
