Resulta una buena noticia que UTE haya obtenido ganancias por 317 millones de dólares en los primeros seis meses del año, porque por lo menos indica que la empresa estatal no solo está equilibrada en sus financias sino que tiene capacidad de obtener rentabilidad y no reclama recursos extra de los ciudadanos para nivelarse, como ha ocurrido por ejemplo con Ancap y AFE. Ancap debió ser recapitalizada por unos 800 millones de dólares y AFE requiere anualmente la transferencia de decenas de millones de dólares para poder funcionar.
Estemos o no ante empresas con administración criteriosa en el manejo de los dineros públicos, son organismos estatales monopólicos que tienen la capacidad de fijar los precios de los bienes y servicios a su antojo. Por lo tanto, de los bolsillos de los clientes salen los recursos extra para solventarse en caso de que la ecuación les resulte deficitaria.
UTE podría haber tenido un balance equilibrado si hubiera rebajado las tarifas que está cobrando a sus usuarios, de forma de no sacarles 317 millones de dólares adicionales en seis meses, y por lo tanto hacer más tolerable a las empresas los costos de energía y atender la economía doméstica de muchos uruguayos a los que la factura les resulta realmente onerosa.
¿Y por qué no lo hace? Pues hay argumentos de las autoridades del ente para tratar de justificarlo, pero la realidad surge con simpleza pese a tales reflexiones, por más edulcorados que se los presente: el Estado tiene un fuerte déficit fiscal y necesita recursos para poder atender tales erogaciones autoimpuestas por el incremento excesivo del gasto público. En buen romance, esos 317 millones de dólares no son de eficiencia sino de sobreprecios, que de otra forma habrían de obtener mediante un incremento de los impuestos.
Pasemos por lo tanto a situarnos en este escenario y explicarnos por qué los uruguayos no nos hemos beneficiado con algún alivio en el régimen tarifario. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, ante la comisión de Ganadería de Diputados del pasado martes, dijo que las tarifas no pueden bajar porque hay que recuperar costos de inversión en redes eléctricas y que tampoco es bueno que las tarifas estén bajando y subiendo según el vaivén del clima (que este año ha sido bueno para la generación con represas y eólica, cuyo costo es menor al de las centrales térmicas a combustible).
“Es importante que vayamos internalizando que en el mundo, y también en Uruguay, los costos de la energía eléctrica ya no pasan tanto por la generación sino por las redes eléctricas. Lamentablemente el cobre es necesario, es caro, hay que instalar transformadores; cada vez hay que hacer más líneas, etcétera, y todo eso tiene un costo”, señaló Casaravilla según la versión taquigráfica de la reunión, que recoge El País.
Agregó que “si uno mira los grandes números de UTE, advertirá que el 85% de los costos tienen que ver con instalaciones fijas. Entonces, cuando uno reproduce una tarifa, debe recuperar los costos de inversiones que duran 30 años”.
Pero esta mirada no es compartida por actores privados, como es el caso de Francis Raquet, director de Ventus, la empresa que brinda servicios para el desarrollo de energía renovable. “La inversión de las líneas está amortizada hace rato. En los parques eólicos la conexión eléctrica y toda la inversión fue hecha por privados”, escribió en Twitter.
A su vez, Casaravilla señaló –respecto a los aspectos climáticos– que en un año seco el sistema tiene pocos excedentes y en uno húmedo (como este) el doble.
En los casos en los que el resultado es óptimo, no se opta por reducir las tarifas pero sí hacer alguna promoción, lo que indica claramente que el consumidor no es el leit motiv de la gestión sino en los hechos el pato de la boda, que siempre está en las verdes pero al que no le cae ninguna madura, porque siempre aparece una excusa para seguir cobrándole sobreprecios. Las ganancias de UTE se están utilizando para reducir el déficit fiscal del país, que en el año móvil cerrado a julio se ubicó en 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI). La decisión de volcarlo para este propósito –el Poder Ejecutivo le exige cierto monto de transferencias a las arcas del Estado– responde al hecho de que esta es una de las principales preocupaciones del actual gobierno, que se fijó la meta de finalizar el año con un déficit de 3,3% del PBI.
Y si bien esta práctica de recaudar de más para atender exigencias presupuestales no es nueva, tanto en este como en otros gobiernos, mantenerse en esta tesitura implica seguir afectando la competitividad del país. “Desde el punto de vista óptimo de la asignación de recursos de la economía no es bueno tener el costo de la energía tan desalineado con otros países con los que competimos”, dijo el economista Javier de Haedo.
Por su lado, el vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica e integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, Omar Paganini, sostuvo en esta misma línea que “el país debería tener un nivel competitivo o por lo menos comparable de tarifas a nivel de la región. Hoy son las más altas de la región, lo cual afecta nuestra competitividad”.
Paganini subrayó que las “rentabilidades exageradas generadas por tarifas altas afectan la competitividad. Sería lo primero a solucionar y no debería verse afectado por una necesidad fiscal que debería resolverse en otro ámbito. En ese sentido, parece —por los números parciales que tenemos— que se podrían bajar un poco las tarifas”.
Surge claramente que por lo tanto el destino de estos 317 millones de dólares de ganancias de UTE en la primera mitad del año tiene que ver directamente con el resultado fiscal del sector público y que este factor se proyecta con un impacto muy negativo en el desempeño de la economía.
Ocurre que en los últimos meses el gobierno pidió a UTE aportes extraordinarios, que destina a financiar el gasto, en un método indirecto de obtener mayores recursos sin pasar por la autorización parlamentaria de solicitar mayores impuestos.
Estamos por lo tanto en este, como en otros casos, ante una presión fiscal adicional disfrazada, que atenta contra la competitividad de las empresas, enlentece la economía y contribuye a destruir empleos por inviabilidad de los emprendimientos de riesgo debido a los elevados costos internos.