Con el patrón de consumo imperante –usar y tirar– los residuos se han vuelto un grave y complejo problema para la gestión ambiental. A nivel urbano, la disposición final de los residuos domiciliarios amerita una solución integral aunque las distintas intendencias aún tienen problemas locales con este tema y si bien desde hace tiempo se ha intentado aunar criterios de aplicación nacional, poco se ha podido avanzar.
El efecto ambiental más notorio del manejo inadecuado de este tipo de residuos –orgánicos e inorgánicos- es el deterioro estético de las ciudades y el paisaje tanto urbano como rural, aunque sus efectos ambientales más serios se vinculan a la contaminación, en particular del suelo, el aire y el agua. Un buen manejo de los residuos sólidos se vuelve crucial para la vida de la ciudad, pero la gestión de los mismos implica mucho más que el hecho que no estén a la vista nuestras plazas y calles. Necesariamente, un plan de gestión debe considerar la protección del ambiente, la mejora de la salud pública y hasta las finanzas públicas.
No obstante, la gestión de este tipo de residuos presenta una serie de complejidades dado que involucra no sólo decisiones políticas y financieras desde los gobiernos –particularmente las administraciones departamentales y locales deben encargarse de la gestión de residuos domiciliarios– sino también la responsabilidad y participación de los ciudadanos, ya sea en su calidad de integrantes de núcleos familiares, como productores, distribuidores y consumidores.
Algunos países vienen trabajando en la modalidad de responsabilidad extendida del productor, por lo cual productores, importadores o distribuidores deben hacerse responsables de los productos que ponen en el mercado hasta el final de su vida útil. Para esto es necesario contar con legislación adecuada y en diferentes experiencias esto ha colaborado con la reducción de la cantidad de residuos de los cuales deberían hacerse cargo los gobiernos locales, disminuyendo así los costos de operación y alargando la vida útil de los sitios de disposición final.
A nivel local, la gestión de residuos sólidos urbanos se ha desarrollado con ciertos problemas en lo que refiere a su disposición y tratamiento final. De acuerdo con informes municipales, la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de origen domiciliario se ubica aproximadamente en 0,7 kilos por habitante por día, que representa una cantidad superior a las 20.000 toneladas anuales en la ciudad y sus alrededores. Esta cantidad no incluye los residuos industriales y comerciales, el producido del barrido y el volumen de vertidos no autorizados y clandestinos en el actual vertedero.
No es poca cosa. Especialmente si tenemos en cuenta que se requieren soluciones de fondo para la situación del vertedero municipal, que otrora fuera referente como relleno sanitario a nivel regional pero luego le sobrevino una etapa de notoria decadencia, respecto a la cual el actual intendente, Guillermo Caraballo, ha manifestado su preocupación desde el inicio de su gestión aunque sin el logro de avances importantes hasta el momento.
A nivel normativo, actualmente Uruguay cuenta con el decreto 182/2013 (promulgado por el Poder Ejecutivo en junio de 2013), que establece el marco para la gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos industriales y otros generados en actividades similares.
Ahora, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acaba de informar que trabaja, en consulta con los gobiernos departamentales, en la redacción de una ley para lograr una gestión más eficaz de los residuos. La idea es producir un texto legal que contemple el tratamiento de los desechos con un enfoque sustentable.
“Tenemos la esperanza de llevar la ley a consideración del Parlamento y dar un paso adelante en el tema de residuos con un enfoque de economía circular”, dijo el subsecretario Jorge Rucks, en el Primer Foro de Economía Circular realizado en Montevideo.
La idea central de la denominada “economía circular” es quitar del ambiente los residuos que sirvan de insumo para, a partir de su revalorización, desarrollar nuevos bienes, es decir, recuperar la materia prima para fabricar otros productos. Para esto es necesaria una gestión integral de los residuos sólidos urbanos que, en primer lugar, tienda a evitar la generación de este tipo de residuos o, al menos, procure la minimización reduciendo, reutilizando y reciclando, para pasar al tratamiento en el caso que no sea posible realizar lo antes mencionado y si no se puede tratar, recién pensar en la disposición final.
En otros países la economía circular da lugar a negocios de distinta envergadura, creando fuentes de empleo. En el nuestro son muy pocas y recientes las experiencias de valorización de residuos. En este sentido los residuos orgánicos se perfilan como una alternativa a explorar, especialmente bajo las ventajas que otorga la Ley de Promoción de Inversiones, que brinda algunas facilidades para ciertos emprendimientos, por ejemplo, aquellos que se propongan desarrollar producciones más limpias. A partir de este tipo de residuos se podría, por ejemplo, producir biogás, combustibles alternativos o fertilizantes.
Si ese fuera el objetivo, se requerirán instrumentos de promoción –como podrían ser exoneraciones impositivas, pagos diferenciales de energía u otros– para empresas que trabajen en esa línea, y quizá así el sector de los residuos pudiera reconvertirse con la participación de privados, de la misma manera que lo hizo en la producción de energía para la diversificación de la matriz energética.
Resulta claro que además de leyes y estímulos tecnológicos o impositivos, se requiere un cambio cultural dado que el rol de la participación ciudadana es también relevante. Tampoco hay que perder de vista que la mala gestión (o su ausencia) de los residuos sólidos urbanos genera no solo impactos ambientales sino también sanitarios y sociales de relevancia y, teniendo en cuenta que es una tarea que recae sobre las intendencias y municipios, es importante que el tema sea incluido en forma prioritaria en sus agendas en el marco de un compromiso social y ambiental que redunde en la mejora de las condiciones de vida de todos.
