Las movilizaciones realizadas en Buenos Aires y Montevideo en reclamo por la aparición con vida del artesano argentino Santiago Maldonado, desaparecido hace un mes en la provincia de Chubut, finalizó con la vandalización de edificios públicos, privados, sedes diplomáticas y mensajes intimidantes, cargados de violencia.
Sobre una instalación fotográfica de la plaza del Entrevero colocada a comienzos del siglo XX, promovida por la intendencia capitalina, se podía leer: “Muerte a la yuta”, “Policía asesina”, “Estado genocida” y “¿Dónde está Santiago?” Asimismo arrojaron volantes que decían “¿Dónde está Santiago Maldonado? Secuestrado por gendarmería en Chubut, región argentina, hace un mes. ¡Fuego a todos los estados! ¡Viva la anarquía!”
Maldonado participaba en los reclamos mapuches por tierras, bajo el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche y habría sido acuchillado en un forcejeo con el encargado de un establecimiento del empresario textil italiano Luciano Benetton. A un mes de su desaparición, en Argentina se profundizaron las acciones de reclamo en las calles y en las redes sociales, con alta participación de dirigentes políticos kirchneristas que se fotografiaron con una imagen del joven junto a la pregunta que se reitera.
En Uruguay, la Policía se replegó y el Ministerio del Interior resolvió no chocar contra los manifestantes identificados por ellos como “anarquistas” que, mientras tanto, grafitaban las paredes, tiraban bombas de alquitrán en la embajada argentina y dejaban a su paso un tendal de vidrieras rotas. Los hechos se gestan desde hace unas semanas en la vecina orilla y, junto al eslogan “Que la rabia desborde”, han arremetido contra sedes institucionales en diversas áreas del conurbano bonaerense.
En las últimas horas habló Ruben López, el hijo de Jorge Julio López, quien fue el principal testigo de cargo contra su captor ilegal, el excomisario Miguel Etchecolatz y que desapareció, tras su última comparecencia ante la justicia en setiembre de 2006. El caso de López –a once años de ocurrido– tampoco ha sido resuelto aún y contiene similitudes y diferencias con Maldonado. Sin embargo, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos no cuestionaron su desaparición en la era kirchnerista con el ahínco y las movilizaciones efectuadas durante el actual gobierno macrista. El hijo de López reconoció que cabe el término de “desaparición forzada” en el caso del joven Maldonado y pidió a la familia que “confíe en la Justicia, pero la controle” para que lleve adelante una investigación correcta, con allanamientos a tiempo. Por tanto, ni bajo una administración u otra se obtuvieron las garantías necesarias que permitieran el esclarecimiento de uno de los casos más famosos en la última década.
Sin embargo, las campañas efectuadas por las organizaciones sociales y entidades de derechos humanos que salen a la calle con sus pancartas han sido bastante selectivas al momento de elegir a “su” muerto. Porque así como ocurrieron más de un centenar de fallecidos en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela o las víctimas de los atentados ocurridos en la sede mutual judía AMIA en Buenos Aires y la muerte en dudosas condiciones del fiscal Alberto Nisman, entre otros hechos similares, también sufrieron grandes ausencias de dichas entidades y se utilizaron campañas mediáticas de enchastre, sin medir las consecuencias éticas o morales.
Y más allá de que se trate de justificar que en las situaciones de violencia anarquista participaron unas diez personas, está claro que la sociedad está bajo un estado de permanente de debate que arrecia con un discurso por encima de otro. La desaparición forzada es condenable ante cualquier régimen, al igual que la pasividad y naturalización con determinadas conductas que también decantan en situaciones de violencia e intolerancia. Así como la represión no le gusta a nadie, tampoco el estado de indefensión en que se encuentran aquellos que opinan diferente y caminan por las mismas calles, porque si la impunidad molesta para un lado, también debería provocar un sentimiento similar para el otro. Lo que ocurre es que las sociedades compartimentadas y divididas son protagonistas de brechas que se ensanchan cada día bajo una espiral de violencia que no se mide con la misma vara.
La agresión de una madre a una maestra tuvo un rápido trámite judicial, así como también en un instante se logró el emplazamiento de un supuesto grupo neonazi, que hacía rituales en honor a figuras del nazismo y que fue denunciado por un incidente violento en un bar de Pocitos. El Ministerio del Interior exhibió banderas, libros, armas y otros materiales incautados al grupo. En este caso también hubo una rápida respuesta de la Justicia que procesó sin prisión a ocho jóvenes por el delito de “violencia privada”, a raíz de las amenazas al propietario del lugar, quien les pidió que se retiraran. No conforme con eso, el ministerio inició una investigación que incluyó “tareas de inteligencia” para la individualización de los integrantes del grupo. ¿Se hizo algo similar para los diez que arrojaron bombas de alquitrán y rompieron vidrios en el centro de Montevideo?, ¿o durante la última manifestación en recuerdo de los hechos del Hospital Filtro, en apoyo de un grupo de etarras, en 1994? Si el fascismo es condenable, la violencia anarquista o comunista también lo es y amerita un “seguimiento de inteligencia” para evitar consecuencias ulteriores. La historia está plagada de ejemplos de cómo funcionan estos grupos y los intereses que los mueven, que nada tiene que ver con los derechos humanos y mucho con un objetivo político que pretenden alcanzar a través de la violencia y el desorden público.
En realidad, la vida de ninguna persona se reclama ni se salva o se condena por vandalizar un muro, sino que habla del deterioro en las prioridades de un sector de la comunidad que vive entre nosotros y que usa los derechos, la Justicia, la Constitución y las leyes cuando les sirven, y las ignoran o pisotean cada vez que se interponen en el camino de su causa.