Temas ajenos que nos condicionan

Haciendo gala de una decisión y premura que en cambio no ha tenido para evaluar y pronunciarse sobre la degradación de la institucionalidad en Venezuela, el gobierno uruguayo cuestionó la aprobación de una flexibilización laboral en Brasil, por considerar que este cambio significa un menor costo en la mano de obra en el país vecino y la incorporación de reglas de juego que afectan la competitividad de nuestro país en el Mercosur.
Un tema muy espinoso, porque en buena medida es un pronunciamiento sobre temas propios del país vecino y una injerencia en temas internos que en cambio es cuestionada cuando ello viene desde el exterior con referencia a decisiones dentro de nuestro país.
En lo que tiene que ver con la eventual violación de las normas del Mercosur, todo indica que integrantes de nuestro gobierno se apresuraron, han sido mal asesorados o simplemente se ha actuado “al golpe del balde”, porque varios juristas de nuestro país han indicado que se trata de una decisión soberana de Brasil que no implica violar las normas del bloque regional.
Pero ya las diferencias han sido expuestas, y los cuestionamientos del gobierno de Tabaré Vázquez a su par brasileño ya han arrojado la reacción de Itamaraty, pues la Cancillería brasileña convocó al embajador de Uruguay en Brasil, Carlos Daniel Amorín, a que dé explicaciones sobre declaraciones en las que dos ministros uruguayos cuestionaron la reforma laboral sancionada este año por Brasil, uno de ellos el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y el otro su colega de Relaciones Exteriores.
El canciller Rodolfo Nin Novoa precisamente dijo en Río Negro que la reforma laboral que impulsa Brasil afecta los derechos de los trabajadores de ese país. “Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar”, dijo.
Uno de quienes han cuestionado la reacción del gobierno uruguayo es el excanciller Sergio Abreu, quien dijo a El Espectador que “el gobierno de Brasil hace bien en convocar al embajador uruguayo”, y para Abreu, algunos comentarios de funcionarios del gobierno, son de cierta “conectividad o conexión” con el Pit Cnt, para que desde las “coincidencias” se busque una línea que se ha roto por la posición que el Ejecutivo ha tomado sobre Venezuela.
“No es así que se hacen esas declaraciones”, “con esa ligereza”, agregó el excanciller, quien consideró, como otros juristas, que no hay ninguna norma violada en el Mercosur por Brasil, y añadió que el aumento de la Tasa Consular crea “condiciones para que tengamos represalias”.
Los argumentos en defensa de la reforma brasileña apelan a la necesidad de flexibilizar los contratos laborales para estimular el empleo, pues se entiende que las complejas regulaciones y la burocracia desincentivan la contratación de nuevos trabajadores, en tanto los mercados financieros reaccionan positivamente a medidas de este tipo porque estimulan la actividad privada.
Los detractores de la reforma, en cambio, denuncian que vulnera los derechos de los trabajadores, a quienes se les quita poder de negociación colectiva, aumentando la asimetría entre empleado y empleador. Desde esta perspectiva, los trabajadores quedan más desprotegidos y a merced de los patrones, quienes ganan nuevas potestades.
Pero en este diferendo en las visiones de los dos países hay de por medio aspectos ideológicos que no tienen que ver con el Mercosur, porque sin dudas el Frente Amplio ha simpatizado con los gobiernos de izquierda de Lula y Dilma Roussef y tiene nula simpatía por el gobierno de centroderecha de Temer, y no en balde durante varios años el Mercosur ha funcionado como un club de presidentes amigos de gobiernos “progresistas” en la región.
Ergo, el gobierno del Frente Amplio está ideológicamente en contra de la visión económica del presidente brasileño Michel Temer, resumida en una mayor desregulación de la economía para incentivar la inversión y la actividad privada, alejada del populismo de sus antecesores en el vecino país.
Pero en este caso la preocupación pasa por un tema de competitividad, habida cuenta de que al flexibilizar el mercado laboral, los costos globales de la economía brasileña se reducen, haciendo que los productos uruguayos estén en condiciones menos favorables para competir.
“Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar”, dijo Nin Novoa al respecto.
Ocurre que lo que hace Brasil no es novedad, habida cuenta de la gran incidencia que en los países asiáticos, sobre todo China, tiene el menor costo de mano de obra, porque en el tigre asiático los productos son elaborados por trabajadores con contratos más precarios que los de Uruguay y compiten a un precio sensiblemente menor.
Ocurre que no hay milagros en economía, y de lo que se trata es de competir con menores costos en los mercados internacionales. De acuerdo a algunos empresarios y analistas, sin embargo, la reforma brasileña pone sobre la mesa la necesidad de rever viejas disposiciones.
Andrés Fostik, presidente de la Comisión de Relaciones Socio Laborales de la Cámara de Industria, dijo al semanario Búsqueda que los brasileños “han hecho algo estructural y nosotros seguimos con la guardia vieja, mirando los figurines de la abuela”.
El abogado laboralista y socio de Guyer, Leonardo Slinger, advirtió –durante un evento de la Liga de Defensa Comercial– que existen “rigideces que hay que repensar”, y que ello “no significa ir en contra de las ocho horas”.
Ni tanto ni tan poco, entonces. Hoy algunos sindicatos se han tomado demasiado en serio eso de que “el trabajador es un socio más”, y de hecho las políticas que impulsan tanto el Pit Cnt como buena parte del gobierno apuntan a llegar a ese extremo, vulnerando el principio de propiedad privada a como sea. A veces hasta prescindir de un trabajador –aún por muy buenos y documentados motivos– es casi imposible en la actualidad, so pena de sufrir severas consecuencias y sin respaldo de nadie. Y tanto “progresismo” mal entendido tiene su costo, tanto en ineficiencia como en la capacidad del país en captar inversores, que siempre van a preferir el país que tenga mayor mercado, menores costos de producción y mayor desregulación laboral, para trabajar con más holgura.
Ante las medidas de otros países que nos afectan en los mercados internacionales, deben generarse respuestas propias que hagan que por una diversidad de caminos se pueda abaratar el costo país en el Uruguay y que se traslada a los precios de los productos que exportamos.
Una respuesta necesaria es la búsqueda de una mayor productividad laboral, es decir que las empresas puedan producir más bienes y servicios a menor costo, sin afectar la calidad. Pero de esto, los sindicatos no quieren ni hablar en nuestro país, y mucho menos los del Estado, que han hecho una cerrada defensa de los beneficios que son pagados a costa del deterioro marcado en las condiciones del sector privado.
El Estado puede y debe poner de su parte para mejorar la competitividad, mediante un menor peso en la tributación y cargas sociales, menores costos de los combustibles, de la energía, mejorando la eficiencia del gasto público para no seguir asfixiando al motor de la economía, que es el sector privado.
Es decir, buscando equilibrio entre las partes de la ecuación de trabajo, sin temor a pagar costos políticos haciendo que el Estado sea más eficiente y que no siga cediéndose a las presiones de la conducción sindical con medidas que afectan negativamente a los sectores reales de la economía, porque pese a los eslóganes y los argumentos rebuscados, el quedar fuera de los mercados porque somos caros es una forma inequívoca de rifar el futuro.

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