(TELENOCHE – EL PAIS)
Varias empresas privadas que invirtieron dinero para desarrollar infraestructura en torno al comercio de cannabis y que podrían tener dificultades con las cuentas bancarias evalúan iniciar demandas millonarias contra el Estado. Según informó El País, además de las farmacias que venden cannabis, las empresas privadas que buscan producirlo y los laboratorios de investigación y fabricación de productos medicinales, podrían quedar por fuera del sistema financiero, lo que indirectamente haría fracasar su negocio. En ese sentido, algunas firmas ya consultaron a asesores legales para preparar juicios contra el Estado con el fin de recuperar el capital. De acuerdo con las fuentes consultadas por el matutino, el verdadero negocio no está en la venta de marihuana en las farmacias, sino en la exportación de productos medicinales derivados del cannabis.
Por este motivo y si el gobierno no encuentra una solución, los juicios que enfrentaría el Estado podrían ser millonarios. El proyecto atraviesa su peor momento desde que se sancionó la Ley Nº 19.172 (regulación de la venta de marihuana) en diciembre de 2013, ya que las empresas que están vinculadas con el comercio del cannabis podrían quedar fuera del sistema financiero para realizar cualquier tipo de operación bancaria.
Desde el gobierno aclararon a El País que la solución se va a encontrar “sí o sí”, pero que eso no va a llegar en el plazo inmediato. “Hay trabajo serio, pero acá no hay magia y se debe trabajar con muchos actores”, dijo una fuente que aclaró que la decisión del Poder Ejecutivo es trabajar y negociar esto con la máxima reserva. Incluso, admitieron que iniciaron contactos en Estados Unidos para destrabar el tema.
NEGARON INGRESO A DIYAB EN BRASIL
(EL PAIS)
El refugiado sirio Jihad Ahmad Diyab, que llegó a Uruguay desde la cárcel de Guantánamo en diciembre de 2014, fue impedido de ingresar a Brasil ayer en la madrugada, cuando intentó cruzar la frontera por Rivera, tras el cuarto intento por dejar el país en el que fracasa. El exrecluso de Guantánamo fue liberado tras un acuerdo entre el gobierno estadounidense de Barack Obama y el expresidente uruguayo José Mujica. Con él, llegaron otros seis musulmanes que estaban recluidos en la prisión instalada en la isla cubana.
Sin embargo, el sirio ha sido el refugiado que más problemas ha tenido para insertarse en la sociedad uruguaya. Sin manejar el idioma y con dificultades para conseguir trabajo, Diyab ha intentado salir de Uruguay en otras tres oportunidades sin éxito. Incluso, a comienzos de este año tomó la decisión de iniciar una extensa huelga de hambre para reclamarle al gobierno uruguayo mayor atención y dinero para poder vivir. En diciembre del año pasado, viajó a Sudáfrica para intentar ingresar a Medio Oriente por ese país, pero fue deportado a Uruguay. Su condición de refugiado le impide ingresar libremente a otro país, sin tener un consentimiento previo para tener asilo del país al que quiera viajar. A través de Cancillería, el gobierno uruguayo ha intentado conseguir un país donde se practique su misma religión e idioma, pero ha fracasado.
A su vez, se le extendió el pago “de ayuda” que los exreclusos de Guantánamo perciben por su condición de refugiados. Sin embargo, la ayuda económica ha disminuido con los meses, tal como estaba previsto en el contrato que firmaron, y el programa culminará a fin de año.
ENFERMERO RECLAMA POR DAÑOS Y PERJUICIOS
(SUBRAYADO)
El enfermero Marcelo Pereira fue procesado en 2012 con prisión, acusado de cometer cinco delitos de homicidio especialmente agravados en régimen de reiteración real. Por ese caso, también fue enviado a la cárcel otro enfermero, imputado de ser el autor de diez delitos de homicidio especialmente agravados en reiteración real, y una nurse, remitida a prisión por un delito de homicidio especialmente agravado, pero todo cambió cuando un tribunal de apelaciones absolvió a los tres acusados.
Ahora, Pereira reclamó US$ 320.000 a cuatro testigos por haber declarado en su contra ante la Justicia Penal, en tanto el jueves 17, Pereira citó a los cuatro testigos a una reunión de conciliación previa a una demanda civil por daños y perjuicios, donde les pidió a cada uno US$ 80.000.
A mediados de este año, el enfermero Pereira le inició una demanda al Poder Judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno, en la que le reclamó US$ 2 millones por una supuesta prisión indebida. En esa acción, elaborada por Teske, solicitó que se condene al Poder Judicial a pagar US$ 386.000 por concepto de prisión indebida, US$ 773.104 por daño moral, US$ 797.385 por lucro cesante y US$ 70.000 de honorarios profesionales. En un escrito firmado por su presidente Jorge Chediak, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contestó la demanda de Pereira, señalando que solo corresponde pagar una indemnización en caso de existir una falla de su servicio o si funcionó con demora o en forma irregular. “Sin embargo, ello no quedó probado por el demandante”, agrega el documento.
SHERWIN WILLIAMS CERRÓ SU FÁBRICA EN URUGUAY
(TELEMUNDO)
Sherwin-Williams es una compañía de capital estadounidense que hace unos diez años compró la planta dedicada al desarrollo, fabricación y venta de pinturas y recubrimientos, ubicada en Orticoechea y Garzón, en Montevideo. El viernes comunicó a los 57 empleados que habían sido despedidos porque cerraba su producción.
Los trabajadores acampan frente a la planta para revertir la situación que afecta a unas 90 familias, al tiempo que hoy lunes mantendrán una reunión con la ministra de Industria y mañana está prevista una reunión tripartita. También habrá un paro de todo el sector y movilización.