El caso Sendic y la “justicia compañera”

La conducta de Raúl Sendic durante su desempeño al frente de la empresa Ancap constituye un episodio trascendente del actual período de gobierno cuyo desenlace no es posible predecir aún. Más allá de los avatares políticos y la amplia difusión que ha tenido este caso, existe un aspecto que ha pasado desapercibido y sobre el cual queremos detenernos teniendo en cuenta su importancia para la vida democrática del país: el papel que la fuerza política gobernante le otorga a su Tribunal de Conducta Política.
De acuerdo con la Constitución Nacional, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes. Esa soberanía se ejerce de manera directa a través del Cuerpo Electoral y en forma indirecta mediante los Poderes representativos que establece esa norma, esto es, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. A través de su funcionamiento, los tribunales uruguayos ejercen la soberanía que la Nación ha depositado en ellos.
En el caso del Poder Judicial, su tarea resulta especialmente trascendente para la construcción de una convivencia pacífica y democrática y es por ello que, todos los países del llamado “polo progresista latinoamericano”, lo han tomado como un “enemigo” al cual hay que tratar de domesticar o directamente acallar. La realidad uruguaya nos otorga un claro ejemplo de ello: un Poder Judicial sin recursos o con funcionarios que no pueden hacer efectivas sentencias firmes que les fueron favorables, son también un ataque solapado a la independencia del mismo.
Por todo ello, no resulta extraño que el Frente Amplio no espere a las actuaciones judiciales actualmente en curso para tomar una decisión en relación con Raúl Sendic, sino que deposite toda su atención y esperanza en su tan manido Tribunal de Conducta Política. El fundamento para esa conducta podría resumirse en una sola pregunta: “¿Quién podría juzgar mejor a un frenteamplista que otro frenteamplista?” Seducidos por los atajos populistas, el Frente Amplio coloca a la “justicia compañera” por encima del Poder Judicial, tirando por la borda nuestra tradición democrática y republicana. La actitud no debería sorprendernos, porque como lo ha señalado con claridad y valentía el historiador, docente de la Universidad de la República e integrante del Partido Socialista del Uruguay, Fernando López D’Alessandro en el semanario Brecha, “por miopía, sectarismo y dogmatismo, la izquierda clásica latinoamericana rechaza o desdeña la democracia”.
La denominada “grieta” que nace como consecuencia de ese sectarismo ha tenido en Raúl Sendic, un abanderado consecuente que se ha empeñado en dividir al país entre buenos y malos, adjudicando virtudes casi biológicas a los frenteamplistas ya que, como lo expresó claramente en un evento celebrado en México: “Si es corrupto no es de izquierda, si no es demócrata no es de izquierda, si se ponen por encima los intereses particulares no es de izquierda”. Resulta difícil encontrar otra frase que destile tanta soberbia, tanto mesianismo y tanto desprecio por quienes no votan al Frente Amplio.
Poco importa los duros pronunciamientos contra Raúl Sendic efectuados por sectores frenteamplistas como el Partido Demócrata Cristiano, la Vertiente Artiguista o Banderas de Líber: la consigna es tapar el Sol con un dedo sea como sea y desde esa perspectiva no hay lugar para un pensamiento tan fascista, pro imperialista y anti revolucionario como aquel que señala que todos somos iguales ante la ley. Al fin y al cabo, la ley es un producto de la sociedad burguesa y explotadora, pero los dictámenes del Tribunal de Conducta Política son, en esa extraviada concepción, ejemplos de justicia revolucionaria como lo fueron las ejecuciones sumarias de la Cuba de Fidel Castro o el asesinato del peón rural Pascasio Baez. En aras de la construcción de un supuesto y largamente anunciado “hombre nuevo” todo vale.
Tampoco debería extrañarnos que el fallo del Tribunal de Conducta Política permanezca en secreto y guardado en una caja fuerte. Contrariamente a lo sucede con los fallos del denostado Poder Judicial, que son públicos e incluso pueden consultarse a través de Internet, la decisión de ese organismo partidario es ocultada no sólo de los propios adherentes y votantes del Frente Amplio, sino también de toda la ciudadanía. El pregonado discurso de la transparencia vuelve a hacerse pedazos ante la realidad; ayer se ocultaron los negocios con el régimen chavista, y hoy se barre bajo la alfombra la conducta de quien, embriagado de poder, llegó a decir que el Frente Amplio ganaba incluso con una heladera de candidato.
Confiar en un Tribunal de Conducta Política (cuyo nombre, llamativamente, omite toda referencia a la ética) por encima del Poder Judicial es una opción que demuestra el poco valor que se le otorga a una institución que, a pesar de los atropellos sufridos, aún no se ha podido doblegar para colocarla al servicio del populismo autóctono. Si bien se trata de un hecho preocupante y que merece toda la atención, lamentablemente no resulta sorprendente viniendo de quienes piensan que lo político está por encima de lo jurídico.