Una empleada de Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), con el apoyo del Pit-Cnt, reclamó ante la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) por lo que considera un despido arbitrario y fueron citados en audiencia para esta mañana, ya que se encontró con el cese de su trabajo en la empresa paraestatal cuando regresó de su licencia por maternidad.
Si bien la empresa aceptó el pago por despido especial, que representa una indemnización de doce sueldos en lugar de los seis habituales, fuentes cercanas a la empleada despedida señalaron a EL TELEGRAFO que considera que el despido de las oficinas en Montevideo la afecta “vulnerando sus derechos y los de su hijo lactante”, por lo que ha recurrido a diferentes organismos e instituciones buscando el apoyo para su causa y ser reintegrada a sus tareas.
“Era un cargo político”
Por su parte, fuentes vinculadas al directorio de ALUR afirmaron a EL TELEGRAFO que “no fue un despido arbitrario, porque ella ocupaba un cargo de asesora del directorio anterior, y es un cargo político, no era una empleada administrativa o técnica del escalafón”.
Se indicó que “ella ingresó sin llamado público como asesora del directorio cuando era presidido por Leonardo de León, y siguió cuando asumió Ruben Barboza, era un cargo político. Había dos asesores cuando llegó el nuevo directorio en mayo del año pasado, y como es habitual en esos cargos, decidió prescindir de los dos, porque eran de la confianza política del anterior directorio, y el nuevo nombró a un solo asesor de su confianza”, agregando que “esos empleados figuran en planilla pero reportan directamente al directorio, no a la estructura administrativa de la empresa”.
Una de las fuentes agregó que “ni siquiera hubo reclamo por parte del sindicato SOCA y se mantuvieron al margen, porque como era de confianza política no estaba sindicalizada. Y en Paysandú tampoco pasó nada”.