Ahora, a trabajar juntos para no contaminar el río

La reciente difusión por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) de los resultados de los monitoreos del río Uruguay en lugares críticos, como el área de los vertidos de la empresa UPM-Botnia y la desembocadura del río Gualeguaychú, trajo nuevamente el tema al tapete, felizmente ya con los ánimos menos crispados en lo que refiere a planteos políticos del lado argentino. Esto permite identificar con estudios técnicos dónde realmente están los problemas y sobre todo, dónde deben encararse los correctivos para no afectar significativamente el ecosistema en el río.
El factor que alentó la extensión y radicalización del conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de celulosa en la zona de Fray Bentos fue sin dudas la postura intransigente de grupos seudoambientalistas de Gualeguaychú, que bloquearon puentes y llevaron las movilizaciones incluso a territorio uruguayo. Ergo, se exacerbaron planteos supuestamente bien intencionados, con el fanatismo de grupos que solo consideran “su” verdad como un dogma irrefutable. Hasta fueron capaces de arrastrar tras de sí a otros actores y a gobernantes que encuentran en cada movilización popular una ocasión para sumar votos.
A tal punto ha sido así que, entre otras consecuencias, el Senado argentino aprobó en su momento una ley alentada por los activistas en el sentido de prohibir que se exportara hacia Uruguay cualquier tipo de madera de Entre Ríos. Llegaron incluso a detener camiones que supuestamente se dirigían a nuestro país con insumos que tendrían por destino la planta de celulosa, en el sumun de la irracionalidad.
Las plantas de celulosa igualmente no fueron afectadas por este supuesto bloqueo de materia prima, y los que perdieron fueron los entrerrianos, las empresas y numerosas familias que tenían puestos de trabajo en el sector y que vieron alejarse la posibilidad de potenciar una actividad dinámica para reciclar recursos en la provincia.
Con el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri, tras acciones apoyadas por un gobierno oportunista y sin ningún grado de equilibrio –las administraciones de los Kirchner– ha primado el sentido común. Ese mismo sentido de equilibrio y de elevar las miras en aras del interés general ha ganado a los gobernantes nacionales y provinciales presionados fuertemente en años anteriores por los grupos radicales, por lo que desde la gobernación de Entre Ríos se ha promovido ante el Senado la modificación de la ley que prohibía las exportaciones de madera de Entre Ríos a Uruguay, por considerar que esta medida sólo sirvió para perjudicar a los entrerrianos.
Más allá de decisiones políticas, la lección que se confirma tras esos aciagos años es que solo al bajar la espuma y las posturas soberbias y excluyentes podría prevalecer la evaluación racional, con base en datos precisos, para identificar la realidad despojada de intereses político-ideológicos.
En suma, tener la perspectiva del escenario verdadero, dejando de lado los delirantes augurios de enfermedad y muerte de los ambientalistas, que llegaron a vaticinar que hasta nacerían niños con cabeza de pescado y se dispararían los casos de cáncer a 150 kilómetros a la redonda de la planta, provocados por los gases tóxicos que supuestamente emana y llegarían hasta Colón y Concepción del Uruguay.
Por supuesto, solo señalaban el problema en los vertidos de la planta de celulosa y se negaban siquiera a tener en consideración que el principal factor contaminante a esa altura del curso es el vertido de los desechos del río Gualeguaychú, debido al parque industrial de esa ciudad en donde hay industria química. De este lado del río siempre sostuvimos que esa era la realidad, con una visión objetiva de la problemática, que es mucho más vasta que el área de la planta de celulosa e incluso la zona crítica Fray Bentos-Gualeguaychú.
Pues bien, el informe de los monitoreos conocidos recientemente, con la aprobación de las delegaciones de los dos países que integran la CARU, indica que en el caso de la zona de la planta de UPM-Botnia no se encontraron incumplimientos significativos de la normativa de seguridad, salvo en alguna fecha puntual, mientras que en la desembocadura del Gualeguaychú se registró una alta concentración de aluminio, amonio, berilio y hierro, entre otros metales, además de organoclorados e hidrocarburos. Es decir que el peligro para la calidad de las aguas del río Uruguay está en el propio río Gualeguaychú, cuyas aguas atraviesan esa ciudad y van a contaminar con los efluentes industriales que arrastra a nuestro río compartido, unos kilómetros más al Este.
Ello no debe alegrarnos, por supuesto, pero sí contribuir a que sin preconceptos y extremismos de grupos de presión, el escenario pueda evaluarse en un contexto de cooperación bilateral con base en datos técnicos.
En este caso el Comité Científico, como órgano subsidiario de la CARU, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, realiza actividades de monitoreo de acuerdo con las notas reversales y el plan específico acordado tras haberse llevado por la Argentina de los Kirchner el diferendo ante la Corte Internacional de La Haya, con veredicto favorable a nuestro país.
Es de esperar que –en un ambiente de colaboración– se adopten en ambas orillas y en forma conjunta cuando corresponda, las medidas de corrección de los factores distorsionantes que hacen que los vertidos estén afectando particularmente la zona del río Gualeguaychú. Que sea una gestión transparente y haciendo conocer a la otra parte en qué y cómo se está trabajando.
Es decir, asumiendo como precepto clave que no hay intereses encontrados en esta problemática, sino compartidos, y que cuando se pretende disfrazar la realidad, perdemos todos.