Solicitada

AFUJUPAY
Ante la declaración pública del Frente Amplio de fecha 20 de junio de 2017, se realizan las siguientes puntualizaciones:
En mi calidad de directora general interina de Secretaría e integrante de la Asociación de Funcionarios de la Junta Departamental de Paysandú (Afujupay) digo:
No tenemos ni tengo nada que ver con las acciones que está llevando adelante el Partido Nacional.
El conflicto consiste en que los funcionarios queremos la presupuestación de dos funcionarias que hace cuatro años ingresaron por concurso, aspiración esta que es avalada por el Partido Nacional y por el Partido Colorado en la Junta, por el Pit Cnt, por el gremio de funcionarios y por la Oficina Nacional de Servicio Civil.
El único partido que no accede es el Frente Amplio, el que tiene la mayoría en la Junta, o sea, el Frente Amplio hace uso y abuso de sus 16 votos. Es lo único que tiene, pues hasta ahora no hemos encontrado ningún argumento válido que sostenga su postura. Es así, es la fuerza de sus votos, ¿para qué? Pues, para eso, para impedir que dos funcionarias sean confirmadas en el cargo, siendo que en 2015, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno se incluyó en el presupuesto las dos vacantes, con miras de presupuestarlas. Obviamente que las medidas gremiales “han obstaculizado el normal funcionamiento” de la Junta y es lógico, para eso se toman las medidas gremiales, es la herramienta que tenemos y la usamos. Además, no se pierde salario. ¿Y qué? Si se perdiera salario, ¿sería mejor? Y sí, para la bancada del Frente Amplio sería mejor porque entonces sí, los funcionarios quizás no podríamos sostener en el tiempo la medida y por esa vía (la de la fuerza de los 16 votos) se solucionaría el conflicto, ¿no? ¿Acaso es más heroico pelear y perder dinero? No, señores, por suerte encontramos la fórmula perfecta.
La Junta no puede sesionar según declara el Frente Amplio por “el conflicto llevado adelante por los funcionarios” y ahí entra a tallar la directora general, funcionaria que ha sido permanentemente obviada por la presidencia y algunos ediles del Frente Amplio. ¡Qué paradoja!, de golpe se ha vuelto la funcionaria “culpable” de que al presidente se le haga una denuncia penal.
Deseo que quede bien claro que los listados que se deben adjuntar a la convocatoria que se realiza para sesión no se pueden adjuntar porque no existe el funcionario que los haga y en eso, justamente consiste, la medida gremial: trabajar a reglamento, o sea, no hacer ninguna tarea que no esté expresamente enunciada en el manual de tareas.
Aun así, el presidente de la Junta Departamental, señor Francisco Gentile, solicita contumazmente a la directora que convoque y la directora convoca de esa manera: sin los listados.
Es así que, por cumplir con medidas gremiales que comparto y acato, el presidente, en su calidad de ordenador de gastos –según dice en la resolución que firma– ha ordenado a la Oficina de Tesorería que se me descuente de mi salario la compensación extraordinaria de todos los días que me solicitó convocar; y como convoqué sin los listados, se me descontará, violando flagrantemente disposiciones constitucionales, legales y de la OIT.
No acepto, bajo ningún concepto que esta directora general haya incumplido con la norma y con lo ordenado. En cuanto a la orden impartida por el señor presidente de que recurra a funcionarios de otra sección para que confeccionen los listados, el mismo día le respondí que, según la resolución nº 41/2014, no les compete dicha confección y, además, no cuentan con los mecanismos y conocimientos de cómo realizarlo.
Lo que está en discusión en el conflicto no es la plataforma planteada por Afujupay. En el conflicto se plantearon dos aspiraciones: la recuperación del tique de consulta médica (que se tenía desde 1985 –y que no hubo ninguna razón en 2015 para ser retirado– y que significa un promedio de $90 por mes y por funcionario) y la presupuestación de dos funcionarias.
¿Se puede decir que el Frente Amplio cumplió con el 50% de lo solicitado? Cada vez que el partido de gobierno sale a la prensa se empeña en sacar de escena justamente el centro del problema, que es la presupuestación de dos funcionarias.
Deben razonar que la solución del conflicto está en manos de la bancada del Frente Amplio, pero no en manos de los funcionarios que, por otra parte, han manifestado que la presupuestación de las funcionarias es innegociable.
Se puede perfectamente convocar a una sesión sin listados con el tema exclusivo de la presupuestación de las funcionarias, en cualquier momento y a cualquier hora porque, aun con medidas gremiales, la Junta puede funcionar.
También se puede considerar el proyecto de regularización de adeudos tributarios e infracciones de tránsito porque son temas que no necesitan listados, así como tampoco necesitó listados el proyecto de modificación presupuestal que no se trató porque los ediles oficialistas no entraron a sala –y no porque no había listados o porque no estuvieran los funcionarios en sala– cometiendo un grave error político y de gestión, seguramente creyendo que perjudicaban al funcionariado (¿fue venganza?).
Hasta ahora el trabajo se venía haciendo por la buena voluntad de los siete funcionarios del Área de Despacho, sin ser remunerados por ello. Al no haberse aprobado la modificación presupuestal, ¿seguirá la buena voluntad de los funcionarios?  María Graciela Inthamoussu