Once intendencias del país se han adherido y se encuentran ejecutando el Plan Nacional Operativo de Seguridad Vial,
que implica el compromiso de descender 10% la cantidad de lesionados al 31 de diciembre próximo.
El Plan Operativo de Seguridad Vial (Posevi) es promovido como una guía para favorecer el proceso de planificación y ordenamiento de acciones concretas en torno a la seguridad vial, en la búsqueda de lograr las metas nacionales respecto al descenso de la siniestralidad vial comprometido por el país en los foros internacionales.
El plan reconoce las acciones que se han implementado y que han arrojando resultados positivos en el descenso de lesionados y fallecidos en el tránsito gracias al esfuerzo de distintos actores institucionales y una mayor concientización de la población. No obstante, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) impulsa el alcance de nuevos logros a través de la construcción colectiva con los distintos gobiernos departamentales, sus cuerpos fiscalizadores, los del Ministerio del Interior y las Direcciones Departamentales de Salud dependientes del Ministerio de Salud, las Unidades Locales de Seguridad Vial y el trabajo de la sociedad civil nucleado en organizaciones comerciales y culturales, entre otras.
La estrategia promovida se funda en tres pilares: la comunicación y educación respecto a los aspectos preventivos a tener en cuenta en la movilidad cotidiana de la población; la fiscalización y control del cumplimiento de la normativa de tránsito de los cuerpos inspectivos departamentales y nacionales; y, por último, la coordinación de los recursos del área de la salud a la hora de activar medidas preventivas o de respuesta sanitaria frente al fenómeno de la siniestralidad vial.
Estos esfuerzos han determinado que el total de personas fallecidas en siniestros de tránsito en el primer semestre mantiene la tendencia a la baja desde 2011. No obstante, según las últimas cifras aportadas por el informe de siniestralidad vial, de carácter preliminar y semestral, entre enero y junio pasado se registró un aumento de 10% respecto de igual lapso de 2016.
“Esas últimas cifras preocupan y alertan”, dijo el presidente de la Unasev, Gerardo Barrios, a la vez que destacó el trabajo que realizan desde el Plan Nacional Operativo de Seguridad Vial, cuya ejecución ya ha sido acordada con once gobiernos departamentales a los que a fines del presente mes se sumará el compromiso de las intendencias de Soriano, Flores, Florida, Cerro Largo, Treinta y Tres, Maldonado, Canelones y Rocha.
En lo que va del año, 13.875 personas resultaron lesionadas y 239 fallecieron a causa de un siniestro de tránsito. Los accidentes continúan afectando especialmente a los motociclistas, dado que el 60% de los lesionados circulaba en moto, mientras que un 19% lo hacía en auto y un 12% eran peatones, en tanto que el resto circulaba en otros medios de transporte. Del total de fallecidos, la mayor incidencia es entre los conductores de vehículos (el 48% eran motociclistas y el 31% conductores de autos y camionetas), los pasajeros y los peatones.
Las autoridades consideran que el desafío continúa siendo “mejorar el cumplimiento de las normas a nivel nacional”. En este sentido, en la mayoría de los accidentes están presentes conductas de riesgo de alguno de los involucrados.
Por ejemplo, en las lesiones y muertes también incide la falta de uso de implementos de seguridad, lo cual suele afectar más a los niños que a los adultos. En este sentido, mientras el 75%, de las más de 9.700 personas que viajaban en motocicleta y que participaron en un siniestro de tránsito durante el primer semestre del año, llevaba colocado un casco protector, el 61% de los menores de cuatro años no llevaba casco como medida de protección personal. Asimismo, las edades menores de 20 años registran los menores porcentajes de utilización del casco en personas involucradas en un siniestro de tránsito.
El informe es claro en señalar que hay diferencias notorias de un departamento a otro en lo que respecta a la utilización del casco: mientras en Rivera y Soriano tienen porcentajes de utilización del casco que superan el 90%; siendo 92,4% y 90,7% –en Paysandú lo utiliza el 87% de los motociclistas–, en Cerro Largo apenas lo usa el 18,4% de los motociclistas a pesar de tratarse de una obligación impuesta por ley en todo el territorio nacional.
Otros estudios recientes basados en observación de conductas viales han demostrado otras conductas de riesgo potencial. Por ejemplo, 3 de cada 10 conductores no encienden las luces de sus vehículos, 4 de cada 10 no usan cinturón de seguridad, 8 de cada 10 niños no viajan en un Sistema de Retención Infantil (SRI) y 7 de cada 10 motociclistas tampoco usan chaleco reflectivo, tratándose también en todos los casos de medidas preventivas dispuestas por la legislación nacional.
Aunque en esta actualización del informe no se incluyeron datos sobre la velocidad, es de conocimiento que una de cada tres muertes en el tránsito a nivel mundial tiene que ver con esa conducta de riesgo.
“Está demostrado que una disminución del 5% en la velocidad media, puede suponer una disminución del 30% en las cifras de accidentes de tránsito mortales”, señaló el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, Giovanni Escalante, quien agregó que entre las estrategias adoptadas por los diferentes países para lograr eficiencia en este tema, se destacan el establecimiento de límites de velocidad unidos a su cumplimiento mediante el contralor y la fiscalización.
El análisis de los datos regionales muestra que Uruguay consolida su liderazgo en acciones y resultados en el cumplimiento de las metas de Naciones Unidas en la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020. El Plan Nacional Operativo de Seguridad Vial será un instrumento valioso para alcanzar la meta de la disminución de personas lesionadas y fallecidas en el tránsito en la medida que todas las intendencias y organismos con incidencia en el tema se sumen y asuman su compromiso.
Una estrategia efectiva para alcanzar la meta de la reducción sustancial de la siniestralidad requiere de acciones coordinadas y uniformes. Las muertes en el tránsito continúan siendo un problema de salud pública. Una sola vida más que se pierda en accidentes de tránsito tiene un costo humano, familiar, social y económico demasiado grande. El tema exige conciencia y compromiso individual, pero también la asunción de responsabilidades específicas de organismos e instituciones competentes.
