El mismo perro con distinto collar

En el marco de los festejos de los 43 años de Antel, la expresidenta del ente y actual ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo este martes que el Poder Ejecutivo está trabajando en un “modelo que permitiría, sin afectar las cuentas del Estado, tener una cierta transparencia y empezar a volcar los beneficios de la matriz energética a la población”.
En buen romance, lo que la secretaria de Estado expresó fue la intención gubernamental de que en las tarifas se refleje parte de la reducción en los costos que se ha alcanzado con el cambio de matriz energética, lograda gracias a una política de Estado que se lleva adelante desde hace varios años, con apoyo de todos los partidos en los grandes lineamientos.
Cosse dijo que este proceso ya se ha encaminado con empresas del medio y explicó que “tiene que tener un componente de equilibrio fiscal y cambios en el clima. No es sencillo, hay que trabajarlo. Si hay más viento o más agua, que los uruguayos estemos contentos porque en algún momento puede ver una mejora en la tarifa”.
En realidad, la ministra ha tenido una expresión de deseos que es un largo reclamo de la población, que no es nuevo porque así debería ser una gestión racional y equilibrada de las empresas del Estado; en este caso las que operan con fuentes energéticas, como UTE y la propia Ancap. Sin embargo, por una razón o por otra la transparencia que dicen buscar siempre queda en las buenas intenciones y lo único que llega al consumidor son las excusas del porqué los beneficios no se reflejan en la tarifa.
Es pertinente ensayar una historia breve de este proceso en los últimos meses y cómo suele evolucionar, más allá de la expresión de deseos. En el primer trimestre del año se divulgaron datos acerca del resultado económico financiero de UTE durante el 2016, los que entre otros aspectos indican que el ente logró en el período una ganancia significativa, a partir sobre todo de una gestión de las inversiones logradas en energía eólica, a lo que naturalmente deben agregarse factores coyunturales, que implican que se contó con buen aporte hidráulico en las represas.
La empresa eléctrica estatal publicó sus resultados financieros de 2016, en los que se reflejan una ganancia de 404 millones de dólares, su mejor resultado desde 2010. Si bien es positivo, debe relativizarse en el contexto de que se trata de una empresa estatal, que puede fijar las tarifas a su antojo, como Ancap – ALUR, como OSE, de acuerdo con su conveniencia o con las necesidades del Ministerio de Economía y Finanzas, que es otra pata del esquema de funcionamiento de los entes y la administración estatal.
Es así que el buen desempeño operativo del anterior período convirtió a UTE en una de las fuentes principales de financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir las principales necesidades del gasto público y tratar de achicar el déficit fiscal.
Por lo tanto, de las ganancias del período, la empresa remitió a Rentas Generales un total de 225 millones de dólares, poco más de la mitad de las ganancias. Aunque originalmente se iban a enviar unos U$S 70 millones, se agregó a la transferencia U$S 150 millones extra por el buen desempeño operativo, pero sobre todo por necesidad de más dinero en las arcas estatales.
Una de las razones principales de las ganancias de UTE fue la reducción en los costos de abastecimiento eléctrico, pero esta mejor gestión no implicó que se rebajaran las tarifas del servicio, que son de gran incidencia en la economía hogareña, de las empresas y sobre todo de sectores productivos.
Por una cosa o por otra, la constante es que, llegado el momento, el mejor desempeño y las ganancias no se trasladan a las tarifas, y el ciudadano común, el usuario, nunca percibe los beneficios de una gestión positiva en el ente. Al contrario, sufre las consecuencias de cuando las cosas se dan al revés, caso concreto de la recapitalización forzosa de Ancap con aportes de todos los uruguayos, ante el déficit de casi mil millones de dólares y el hecho de que los menores costos del crudo en el mercado internacional no se han reflejado en el precio de los combustibles.
En lo que refiere a UTE, no se le ha dejado bajar tarifas porque el Estado necesita seguir recaudando, y encima desde el Poder Ejecutivo se indicó que se echará mano a unos 170 millones de dólares que tenía UTE como fondo para emergencias, debido a que no tuvo que apelar a la costosa generación térmica, para darle otro destino, como obras de infraestructura para UPM.
Es decir que si bien es de recibo la intención de “transparentar” la constitución de las tarifas y de que la población perciba los beneficios en los cambios de la matriz energética –como la incorporación de aerogeneradores de electricidad–, la realidad, la experiencia, indican que siempre hay una razón para no hacer lo que dicen que se hará.
Eso nunca va a pasar, porque el Estado tiene un agujero de 2.000 millones de dólares anuales que se llama déficit fiscal, que tiene que tratar de evitar que siga aumentando como sea. Pero tampoco puede hacerlo porque este gobierno ha asumido compromisos que no puede cumplir en condiciones de estancamiento o crecimiento moderado de la economía, como el actual. Peor aún, cada vez asume mayores gastos, porque no sabe o no puede decir no a los colectivos que ejercen presión, con razones justificadas o no. Entonces, si por casualidad entrase algún peso de más, ese peso ya tiene destino, o al menos muchos posibles e “impostergables”, llámese 6% para la educación, subsidio para la vivienda social, “cincuentones”, planes sociales, salud, etcétera, etcétera. Y para colmo, para poder seguir creciendo –condición indispensable para aumentar los ingresos de las arcas del Estado–, debe invertir ahora mismo en infraestructura, como es el caso del tren para posibilitar la instalación de UPM, porque en estos más de 10 años lo que han hecho es quemar todo lo que recibieron gracias a la bonanza económica del boom de la soja, –que ya se terminó—postergando las inversiones necesarias para mantener la máquina productiva funcionando.
Por lo tanto, lo único que se puede esperar es que las tarifas de los entes del Estado sigan al servicio de las necesidades del Estado, con alguna migaja de vez en cuando para taparle el ojo a la gente y que los ciegos defensores del sistema utilicen la ocasión para mostrar lo bien que se hacen las cosas ahora, “como nunca se hizo”. Porque la plata que no entre a través de las tarifas públicas, deberán llegar por otro lado, que en definitiva es el mismo perro con distinto collar.