Desde hace ya tiempo, y cada vez con mayor énfasis, se pone sobre el tapete la evolución que tiene el escenario socioeconómico del país a partir de factores como el envejecimiento poblacional, confirmado en su tendencia por datos que indican que Uruguay es el segundo país más envejecido de América Latina. Esto tiene sus aspectos positivos y negativos, según el ángulo desde el que se mire, pero sobre todo presenta un desafío para el sistema previsional y la contención, principalmente debido a la necesidad de lograr más recursos para atender prestaciones a una mayor cantidad de personas, así como también desde la infraestructura de la seguridad social.
Recientemente El Observador dio cuenta que según la publicación que recabó datos a nivel regional “Personas mayores: hacia una agenda regional de derechos”, y que fue presentada este martes en la Universidad de la República, seis de cada 10 personas de 65 años o más que trabajan lo hacen en la informalidad, en tanto el promedio nacional de trabajadores en negro es de 25%.
Consultado por el mismo matutino, el demógrafo Juan José Calvo dijo que las personas que todavía trabajan cuando están en edad de jubilación lo hacen porque gran parte de su vida estuvieron en la informalidad, por lo que tienen jubilaciones o pensiones muy bajas cuando quieren abandonar el mercado laboral. De esa manera compensan lo que reciben por mes con otros trabajos en negro para alcanzar mejores ingresos.
“El sistema de seguridad social se fue ampliando de a poco en Uruguay. Cuando las personas que hoy son mayores trabajaban, era mucho más común hacerlo en la informalidad”, agregó. El 21% de los ancianos que pertenecen al quintil de menores ingresos todavía trabaja. De ese porcentaje, más de la mitad lo hacen sin registros.
Tenemos entonces una ecuación en la que tienen incidencia multiplicidad de factores y según el punto de vista hay prioridades y acciones posibles a desarrollar, tan pronto se asuma la entidad de la problemática, generar condiciones para potenciar las implicancias positivas y atacar decididamente los flancos vulnerables e indeseables. Entre estos elementos debe tenerse como componente fundamental que es preciso combinar acciones para no solo lograr una mayor expectativa de vida sino también una mejor calidad de vida en la tercera edad, para lo que es preciso, además de afectar más recursos, promover alternativas para lograr su inserción en la sociedad, y hacer menos traumática la transición desde su vida activa.
Pero no puede obviarse que a partir de la reforma de la seguridad social aprobada por reforma constitucional en 1996, que dio lugar a la creación de las Administradoras de Ahorros de Fondos Previsionales, (AFAP), que instituyó la alternativa de que cada trabajador ahorre en una cuenta propia para poder disponer de esos fondos cuando su retiro, en coexistencia con el régimen de solidaridad intergeneracional del Banco de Previsión social, la realidad demográfica hace ya crujir al sistema, y que cada vez se requieren más recursos de Rentas Generales para apuntalar el sistema previsional del Estado.
Ello surge precisamente de un deterioro gradual que ha sufrido la relación activo-pasivo en el esquema previsional, y que aunque ha mejorado en los últimos años, sigue siendo insuficiente para la salud financiera del sistema. En este principio de solidaridad intergeneracional, nos encontramos como normativa legal que los que hoy forman parte de la masa laboral aportan para pagar las pasividades a los que ya se han acogido al retiro, y que a su vez los pasivos de hoy pagaron con sus aportes a los anteriores y así sucesivamente.
Este síndrome de la sábana corta, que no alcanza para cubrir al mismo tiempo la cabeza y los pies, significa que el país tiene condicionamientos que surgen por un lado de tener una pirámide poblacional etaria característica de país desarrollado, con alto porcentaje de adultos mayores, y la falta de recursos propios de naciones en desarrollo, por lo que se está ante la conjunción de los términos menos favorables de la ecuación que requieren respuestas en el mediano y largo plazo. Pero lo que se haga hoy al respecto recién tendrá efectos en las siguientes generaciones. Y ya que estamos en la ecuación activo-pasivo, no puede obviarse que un problema crónico del Uruguay, de nuestra cultura, es la elevada informalidad, en la que se cataloga como “viveza criolla” evadir, tanto en el caso de los impuestos como en los aportes sociales. También está el caso de quienes aportaron por un mínimo –quizás como patrones–, y que al momento de retirarse de la actividad pretenden recibir el equivalente a un sueldo decoroso. Este factor se vuelve contra todos al cabo del tiempo, pero sobre todo contra quien hace de esta premisa una actitud sistemática y se encuentra al cabo de su vida activa con que no tiene aportes que le permitan recibir una pasividad adecuada.
En este análisis debe incluirse el hecho de que la falta de controles en la inscripción de los trabajadores ha determinado también una mayor presión en el sistema de seguridad social, porque cuantos más aporten, entre más personas se repartirán los gastos de los pasivos.
Al hacer referencia a este aspecto, Calvo igualmente consideró que el sistema de seguridad social en Uruguay ya fue auditado por consultoras internacionales, que le dieron el visto bueno. “La situación acá no es grave, no es para nada grave. Mientras las personas que están en edad laboral estén registradas, los aportes a los pasivos no van a desestabilizar el sistema”.
Aún admitiendo un tono tal vez excesivamente optimista del panorama, sin dudas que el demógrafo ha dado en el clavo en cuanto a que la mejor forma de hacer frente a esta problemática es la regularización del trabajo, de la masa laboral, como asimismo de todas las actividades que se desarrollen en la economía del país.
Ocurre que este ideal no siempre se compadece con la realidad, porque aún en el supuesto de que en forma milagrosa cambie radicalmente la cultura latina y la viveza criolla deje paso a la responsabilidad, estamos ante una elevada carga fiscal, a partir de los impuestos y las cargas sociales, y con ingresos de trabajadores, empresarios y pasivos que por regla general no guardan una relación adecuada para tener determinada calidad de vida.
Por lo tanto, además de los controles que catalicen los cambios culturales y eventuales sanciones para los infractores, el Estado también debe poner de su parte para no seguir demandando tantos recursos de los actores reales de la economía, y contribuir a generar un círculo virtuoso que haga que el ciudadano no sienta que está arrojando su dinero a un barril sin fondo, sino que lo está ahorrando para cuando lo necesite en el retiro. Así nos va a ir mejor a todos, y fundamentalmente tendremos solucionada buena parte de un problema de muy difícil dilucidación.
