El 45,7% de los fallecidos en 2016 a nivel nacional —exactamente 204 personas— eran conductores de motos, lo que los convierte en uno de los grupos más vulnerables en materia de siniestralidad vial. A su vez, las últimas estadísticas llevadas por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) revelaron que la mitad de los motociclistas fallecidos eran jóvenes de entre 15 y 29 años.
Más allá de las habituales campañas de prevención llevadas adelante por instituciones públicas y privadas, así como de la fiscalización de inspectores de tránsito, hay algunas novedades que comenzarán a instrumentarse en relación con las motocicletas que a diario circulan por las ciudades del país. Por ejemplo, a partir del año próximo será obligatorio haber realizado un curso de capacitación para trabajar como repartidor en moto, ya que las empresas podrán contratar solamente repartidores con la formación necesaria documentada a través de estas capacitaciones.
Si bien no hay cifras oficiales respecto a cuántas personas trabajan en Uruguay en servicios de repartidores en motocicletas, se estima que son miles, siendo además un sector de alta informalidad, por lo que se consideran motociclistas en situación de riesgo.
El plan piloto de capacitación, de carácter teórico práctico, comenzó a fines del año pasado en Maldonado y Montevideo, a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), abordándose temas referidos al manejo defensivo, la seguridad vial, salud, seguridad en el trabajo y en el tránsito, normas de tránsito, derechos laborales, transporte de diversas mercaderías y mecánica de mantenimiento básica.
El programa es llevado adelante a través del convenio marco que Inefop firma con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Unasev, el Banco de Seguros del Estado (BSE) y cuenta con el apoyo del sector empresarial y trabajadores nucleados en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, la Cámara Nacional de Alimentación, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay, la Asociación de Farmacias del Interior y el Centro de Farmacias del Uruguay.
El requisito de realizar dichos cursos para trabajar como repartidor a partir del año que viene es consecuencia de un trabajo previo sobre la situación del sector y la preocupación por las condiciones de trabajo de quienes realizan esta tarea, muchas veces en situación de alta peligrosidad, constituyendo un riesgo importante para la seguridad propia y ajena.
De acuerdo con las informaciones oficiales, cuatro de cada diez accidentes laborales de tránsito involucran motos y el ingreso de trabajadores de los repartidores al CTI se sitúa diez veces por encima de la media de ingresos por accidentes de tránsito.
Es bastante claro que el informalismo y la disparidad salarial en que trabajan muchos de los repartidores, así como la competencia desleal entre las empresas que brindan este tipo de servicios, son factores que inciden negativamente en las condiciones de trabajo y contribuyen al aumento de accidentes.
Las estadísticas también son preocupantes en lo que refiere al promedio de días de inasistencia por internación en el sector: mientras que los trabajadores en general tienen un promedio de internación de 22 días, los que se desempeñan en servicios de reparto en motocicleta tienen un promedio de 48 días de reposo al accidentarse.
A partir de una serie de controles realizados a impulsos de la Unasev el año pasado, se constató que el 40% de las motocicletas que se utilizan para reparto tienen defectos, incluso en los frenos y en su parte eléctrica. Estos aspectos técnicos también son abordados en los cursos, que incluyen el tema de los límites que el vehículo ofrece: cuántos metros necesita para frenar, qué tiene que ver la adherencia de los neumáticos en ello, cómo se comporta ante las eventuales diferencias de pavimento, cuando se transita por una línea pintada o se pisa una alcantarilla.
Los primeros participantes han demostrado interés y proactividad en las capacitaciones y eso es bueno, ya que se apunta a un cambio cultural para incrementar la seguridad de estos trabajadores.
La mejora de la seguridad de los motociclistas se impone como un desafío y es un asunto impostergable también en otros sectores y entre otros usuarios de este medio de transporte. Por ejemplo, teniendo en cuenta las acciones de capacitación y concientización de trabajadores de servicios de reparto antes mencionadas, así como la observación de algunas conductas arriesgadas e irresponsables que son frecuentes en las calles, cabe preguntarse si no será necesario también una capacitación para padres.
En todo caso, resulta imperioso continuar trabajando en materia de prevención y concientización respecto al riesgo que se somete a los niños cuyos padres o responsables utilizan ese medio de transporte y no toman en cuenta la normativa nacional al respecto.
Un reciente estudio presentado en el marco del “Mayo Amarillo” indica para varios países de Latinoamérica –incluido Uruguay– un escaso uso de los implementos de seguridad: bajo uso del casco homologado en los niños más pequeños (en parte porque no existen cascos homologados para menores de 2-3 años, pero que además los niños de esa edad no pueden viajar en moto), escaso uso de otras medidas de seguridad, como la vestimenta visible y la falta de atención a un factor fundamental de seguridad como es alcanzar el posapié, lo que en nuestro país está reglamentado.
En general tendemos a pensar que las cosas malas les pasan a los demás, en una especie de transferencia de responsabilidades en las que nos convencemos de que no nos ocurrirá a nosotros. Cambiar esa percepción posiblemente haga que las estadísticas de mortalidad de motociclistas empiecen a bajar sensiblemente.
