La Ley de Participación Público-Privada (más conocida como PPP), aprobada por el Parlamento hace más de seis años, está pensada para brindar incentivos y establecer un marco para la inversión en obras de infraestructura a través de emprendimientos mixtos. Por medio de esta legislación, se busca realizar obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, de infraestructura energética, de disposición y tratamiento de residuos y obras de infraestructura social.
Según recordó un informe de El País de marzo pasado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, declaró en marzo de 2015 que durante ese ejercicio –o a lo sumo en el transcurso de 2016–, se construirían, siendo optimista, seis proyectos bajo la modalidad PPP. Y siendo pesimista, solo cuatro. Pero hasta ahora no hay ni uno solo.
Uno de los proyectos más próximos a realizarse es el de las reformas de las rutas 21 y 24, en un llamado que se abrió en 2013. Y esta semana surgió que se ha adjudicado la ruta 14, bajo las PPP, a la constructora española Copasa con un contrato a 20 años que totaliza unos 522 millones de dólares. Esta licitación comprende el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la ruta desde Mercedes al kilómetro 245, el bypass de acceso a Sarandí del Yi y la conexión con la ruta 3. La concesión de esta obra será realizada en conjunto con la firma Espina Obras Hidráulicas.
De acuerdo con lo que informa El Observador, Copasa rozó la puntuación máxima posible (996,3 sobre un tope de 1.000 puntos) y se impuso a propuestas de otras multinacionales y empresas de la región. Entre ellos figuraban la españolas Sacyr y Rover Alcisa, según informó el portal Expansión. Entre las soluciones planteadas por la firma española se destaca la rehabilitación del pavimento actual mediante el reciclado in situ con cemento del material existente en la traza del vial, sobre el que se extenderá una carpeta asfáltica de rodadura.
En diálogo con radio Carve, el ministro Rossi se excusó al decir que el financiamiento de las PPP es un proceso “lamentablemente ajeno” a su cartera, que lleva bastante tiempo y lo “pone muy nervioso” y “ansioso”. El jerarca expresó que resolver el financiamiento para las rutas 21 y 24 llevó más de un año. En el caso de Copasa, Rossi indicó que desconoce si ese punto está resuelto o la empresa deberá negociar diferentes líneas de crédito. Una vez redefinido ese paso recién se podrán iniciar las obras. Además de las adjudicaciones de las rutas 21, 24 y 14, están las de las rutas 12, 54, 55 y 57, y la ruta 9 más un tramo de la ruta 15 hasta Lascano.
Solamente estas adjudicaciones, en más de un lustro de las PPP, que –se anunciaba– iban a cambiar el modo de invertir en infraestructura –en especial la vial, que está hecha pedazos–, se encuentran en curso en todo el país. De todas ellas, en ninguna han comenzado los trabajos. Tampoco se edificó una sola escuela, como se pretendía también, ni puentes ni hospitales. Lo único que se empezó es una cárcel, la de Punta de Rieles, y está a medio hacer.
“Que la ley se haya aprobado prácticamente por unanimidad implicó que mucha gente pusiera demasiadas condiciones y contralores. Y eso se traduce en lentitud”, explicó, en ese informe de El País, el profesor experto en PPP y formado en el exterior, el abogado José Luis Echevarría. “Tenemos un panorama institucional muy complejo: cada vez que un proyecto entra, hace una peregrinación entre cantidad de internos y oficinas. En las cuales, además, mandan distintos jerarcas, que no siempre coinciden en su valoración personal sobre las PPP, y entonces cada propuesta naufraga por tiempos dilatados”, añadió.
Echeverría también nombró la falta de liderazgo político como otro punto débil para el desarrollo de la modalidad público-privada y aseguró que el presidente Tabaré Vázquez debería indicar los proyectos que se ejecutarían mientras esté en ese cargo. “Si la infraestructura es tan importante como se dice, hay que poner al mando gente de peso que tenga capacidad de decisión. De la misma forma que (Vázquez) dijo lo del Sistema de Cuidados, el presidente tendría que insistir en hacer las obras de las escuelas y en la del Hospital de Clínicas. Si algo se tranca, pues Vázquez toma el teléfono rojo y presiona para que se destrabe. Porque la infraestructura es importante o no le damos corte”, aseveró el experto.
La lentitud y el esquema de las PPP también ha recibido críticas de Pablo Da Silveira, profesor y director del Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica. “Si en todos estos años solo tenemos un centro penitenciario construido a medias, vamos a necesitar de ocho siglos para enderezar los problemas de infraestructura que tiene Uruguay. La realidad es que se discutió mucho, pero no se construyó nada. Son tantas las trabas, los problemas, la falta de incentivos y de liderazgo, que lo único que se ha comenzado a edificar es la cárcel de Punta de Rieles. Si alguien piensa que las PPP son la solución para destrabar la infraestructura en Uruguay, los hechos confirman que no”, dijo con dureza. A simple vista, las PPP parecen englobar la solución para concretar muchos proyectos por años olvidados, descartados o demorados. Pero el remedio parece peor que la enfermedad. No ha hecho otra cosa que sumar un ancla más a la clásica lentitud uruguaya. Y así el país se mantiene en el retraso y avanza lento como una PPP.
