La cárcel no cura

En las cárceles de Uruguay viven alrededor de 11.000 presos, lo que significa que hay 341 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la historia de Uruguay. Si se tiene en cuenta que el sistema tiene lugares para 9.994 reclusos, la ocupación de las cárceles uruguayas es de 111%. En un reciente informe del semanario Brecha, acerca de la situación de las cárceles, se preguntaba qué pasaría si Uruguay llegara a tener 70.000 presos, en una reflexión que venía a cuento por la afirmación del exdirector nacional de Policía, Julio Guarteche, hoy fallecido, que estimó en esa cantidad las personas que están dedicadas al delito en nuestro país.
Uruguay no puede tener 70.000 presos por razones que deberían ser evidentes para cualquiera. No tenemos recursos económicos ni infraestructura material, ni personal capacitado para manejar la población penitenciaria actual, que es seis veces menor”, señala la nota periodística. Si Uruguay tuviera ese censo penitenciario, tendría unos 2.200 presos cada 100.000 habitantes. Una tasa de encarcelamiento que triplica la de Estados Unidos, que es uno de los países que más encarcela en el mundo, añade el semanario.
“De tal manera que, con recursos que no se sabe de dónde saldrían, deberíamos mantener el mayor sistema penitenciario del mundo en términos proporcionales a nuestra población. Por no mencionar el hecho de que también deberíamos tener el mayor sistema de administración de justicia penal del mundo (también en términos proporcionales a nuestra población), porque los infractores no van a dirigirse a los establecimientos penitenciarios de motu proprio a pedir que los encierren”, continúa Brecha.
Por lo tanto, se hace indispensable –entre otras medidas y políticas– un plan para los presos que salen de los recintos penitenciarios, aquellos que cumplieron sus penas, así como mejoras en las cárceles donde los reclusos tengan qué hacer y puedan, al concluir la etapa en prisión, contar con herramientas para afrontar la vida y no se vean tentados en volver a delinquir. Porque esto es, justamente, lo que sucede con la mayoría.
Todos los años unas 6.500 personas recuperan la libertad en Uruguay tras cumplir su pena en prisión; de ese número, según dijo el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, se estima que poco más de 4.200 (65%) volverán a delinquir, concluía un informe de El Observador de esta semana. Hacinamiento, falta de propuestas socioeducativas en lugares de reclusión y carencias varias explican, a juicio del representante del Poder Legislativo en las cárceles, por qué “el Estado genera año a año sus propios enemigos públicos”, agrega en forma de explicación al tema. El pasado jueves, en un seminario sobre Innovación penitenciaria, representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organizaciones sociales y de derechos humanos, y el comisionado parlamentario coincidieron en la necesidad de destinar más presupuesto al sistema penitenciario, así como detener las iniciativas para aumentar la pena de los delitos.
Según citó El Observador, para el integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Martín Fernández, el sistema político tiene que “repensar” su “política criminal”, en referencia a las últimas normativas aprobadas en el Parlamento, como la ley 19.055 que aumenta las penas a menores, y la 19.446 que restringe la libertad provisional, condicional o anticipada en adultos. “Si tenemos una política criminal que tiende a ensanchar la base de ingreso al sistema carcelario y no se prevén mecanismos alternativos para la prevención de conflictos vamos a estar mal”, opinó el abogado.
El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gonzalo Larrosa, dijo en ese evento que para bajar la reincidencia en el delito se necesita disminuir el hacinamiento, mejorar las condiciones de habitabilidad de las cárceles y tener propuestas socioeducativas. El jerarca dio como ejemplo la cárcel de Punta de Rieles, donde la reincidencia es cercana a 5%, mientras en el resto del sistema el promedio es de 65%. “¿Es arte de magia del equipo que está ahi? No, es porque tiene una población de 600 reclusos con medidas socioeducativas que están haciendo impacto en esa gente y cuando se enfrenta al día después tiene otras herramientas”, explicó Larrosa, consignado por el matutino montevideano.
Hay otros buenos ejemplos, no obstante. El Ministerio del Interior y el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) firmaron a fines de mayo pasado un acuerdo que habilita al gremio a participar de la reconstrucción de los módulos 1 y 2 de la Unidad N°4 de máxima seguridad del Comcar.
En total, 40 capataces del Sunca participarán dirigiendo las obras y capacitando a 400 presos. Cada sindicalista tendrá un grupo de 10 personas privadas de libertad a cargo, informó El País. El anuncio fue realizado en la secretaría de Estado y de la conferencia de prensa participaron el ministro Eduardo Bonomi, el presidente del sindicato, Daniel Diverio, y su secretario general, Óscar Andrade.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, son 4.000 las personas privadas de libertad que actualmente realizan distintas actividades de rehabilitación. No llega a la mitad de las más de 11.000 que están en las cárceles, pero al menos es un signo de lo que debe hacerse con los presos. Que no salgan potenciados en sus habilidades de delincuentes.