Justicia archivó caso de Innova que involucraba al intendente

Una causa judicial que involucraba al intendente Guillermo Caraballo fue archivada por pedido de la fiscalía, que no encontró méritos. En las últimas horas, Asesoría Letrada de la Intendencia Departamental de Paysandú recibió la notificación que, por decreto 1787/2017, “atento a lo manifestado por el Ministerio Público, archívese las actuaciones sin perjuicio”.
La denuncia penal a la que se refiere este “archívese” fue decidida por la Intendencia en febrero de 2012, pero se efectivizó recién el 31 de julio de 2015, el último día de trabajo en Asesoría Letrada, Guillermo Romero Costa. Entonces, no informó de su proceder al director de la oficina, Federico Álvarez Petraglia, y no dejó la copia sellada de la denuncia en Oficina Letrada. “Cuando nos enteramos, hablé con el intendente, quien específicamente ordenó que se continuara y se investigara a fondo”, indicó en la víspera a EL TELEGRAFO Álvarez Petraglia.
En su momento, en 2015, cuando este medio consultó al intendente Guillermo Caraballo, indicó que “en el período de tiempo que ocupa la denuncia, que primero generó una investigación administrativa en 2011 y en 2012 una determinación de ir a penal, yo no estaba en esa repartición; de hecho, cuando ocurrió lo que se denuncia, ya habíamos renunciado por el cambio de gobierno y el ingreso de Bertil Bentos a la Intendencia”.
El 10 de julio de 2010, en Paysandú Innova, el coordinador cuyo contrato había finalizado el 8 de julio de ese año, con la toma del poder departamental de Bertil Bentos, Alexandre Goncálvez de Amorín y un funcionario, quienes tenían la firma registrada en el BROU para pago y cobro en nombre de Paysandú Innova, firmaron dos cheques, uno de los cuales habría ido a la cuenta del coordinador, en pago por su último salario.
Guillermo Caraballo fue director de Paysandú Innova entre enero de 2009 y enero de 2010, cuando pasó a ocupar la dirección de Promoción Social. A su salida, no se nombró nuevo director de Paysandú Innova, sino que ese cargo fue ejercido por el coordinador Goncálvez de Amorín.
Cuando la administración Bentos encontró que esos dos cheques habían sido firmados en lo que podía estimarse como un error administrativo, se decidió el comienzo de una investigación administrativa en 2011, que entre otros testigos convocó al ahora intendente Caraballo. Concurrió entonces, como testigo.
Pero en febrero de 2012 la investigación administrativa concluyó que era apropiado dar pase a la Justicia Penal para que fuera esta la que determinara si se había cumplido una falta o si se había incurrido en un delito.
La figura legal es la de notitia criminis, nombre genérico bajo el que, tradicionalmente, se reúnen los distintos medios por los cuales puede iniciarse la actividad de la Justicia Penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como información institucional –sujeta a recaudos específicos impuestos por la ley procesal– capaz de producir efectos jurídicos previstos por la ley.
El “archivo sin perjuicio” de un caso lo da por terminado, sin acción judicial posterior.