El Parlamento discute la derogación del delito de “abuso de funciones”, por el cual fueron procesados intendentes, alcaldes, comandantes militares, jerarcas policiales, directores de entes y ministros. Es un delito que implica el fin de la carrera política del referente en cuestión, al menos en Uruguay, y lo aparta de la cosa pública bajo señalamientos de cualquier tipo, en tanto se trata de una figura inespecífica a juzgar por los propios procesamientos. De ahí el apuro de la fuerza política del gobierno en impulsar su derogación, ya aprobada en la Cámara de Senadores.
Esta figura se encuentra en el artículo 162 del Código Penal y ocurre cuando un funcionario público ejecuta u ordena “cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”, por tanto pueden recibir condenas de “tres meses a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables”.
Durante años, penalistas y constitucionalistas compartieron la existencia de una supuesta inconstitucionalidad ante la amplitud de la norma que avala una diversidad de interpretaciones, e incluso “le da una libertad al juez que se torna hasta peligrosa”, como en algún momento lo señaló el jurista Santiago Alonso. Y esa interpretación “al límite” desde todo punto de vista, incluso político, quiere cerrarse desde hace al menos diez años años en el Poder Legislativo.
El gran punto en cuestión es que mientras marchaban blancos y colorados, comenzaron a desfilar –también– jerarcas y exjerarcas frenteamplistas. Entonces, a partir de allí cambió el modo de ver la inespecificidad propiamente dicha.
Por un lado se entendía que actuaba la Justicia y por otro se condenaba –para la tribuna, como siempre– a los actos de corrupción cometidos en anteriores administraciones, y con el dedo levantado frente a un atril se reclamaba contra los daños hechos a la sociedad. Es así que se comprendió que hay gobernantes con una fecha de vencimiento en el orillo y, aunque comprendan que no vale la pena su defensa, igual practican un mecanismo casi caníbal porque aún pesa la fuerza de un apellido.
Pero, mientras gritaban que la corrupción estaba del otro lado del mostrador y se quedaban tranquilos porque la figura delictiva servía a sus intereses, fue pasando inexorablemente el tiempo y, por lo tanto, el desgaste. Hasta que tocó su conveniencia y lo que antes estaba mal o se oponían, ahora centran sus esfuerzos más mezquinos en la derogación, a pesar de que los tiempos políticos requieran una altitud de miras con la atención de nuestros políticos dirigida a otros asuntos.
Así como antes elaboraban sus estrategias e investigaban las atrocidades cometidas, con el paso del tiempo tuvieron que organizar caravanas de apoyo, para demostrar que sus imputados eran honrados y no habían actuado al margen de la ley. Sin embargo, en el recuerdo han quedado las argumentaciones de quienes usaron el enchastre como maniobra y hoy deben dar marcha atrás para explicar que lo que antes avalaban como una herramienta positiva del Derecho, hoy les perjudica y toca de cerca a sus líderes o posibles candidatos, porque el escenario parlamentario y electoral se presenta incierto.
Al tiempo que se habla de corrupción, justamente se consulta muy poco a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que preside Ricardo Gil Iribarne, y la figura en cuestión se discute exclusivamente en el entorno parlamentario, cuando el sistema político ha dado escasas respuestas con su relativización –hasta la quita– de determinados delitos. Entonces, cuando la norma no aclara cuáles conductas no abusan y cuales sí, ante el acercamiento de una nueva etapa preelectoral el año próximo y por si acaso apareciera alguna denuncia sobre el horizonte, lo mejor es asegurarse su anulación lo antes posible y con premura.
En el medio se han zurcido una lista de exposiciones y razones, que antes eran condenables pero hoy resultan hasta incómodas. Pero, también, en el medio se encuentra la opinión pública a la que llevan hacia el lado más egoísta, aunque les importe un rábano la confusión de la doctrina ni las diatribas en los medios.
Y por si alguna duda quedaba que ya no se trata de mejorar la legislación para actuar en el marco del Derecho, desde la interna de la fuerza política del gobierno se escuchan voces disonantes que alertan sobre la inadecuada decisión de su derogación.
El Partido por la Victoria del Pueblo, Liga Federal y el diputado Oscar de los Santos advirtieron que no votarán la propuesta oficialista. Es que se dieron cuenta que no hay una “forma de explicar que no estás legislando para vos”, según la definición del exintendente de Maldonado, quien tiene investigaciones abiertas por este delito. Mientras el oficialismo especulaba con el retiro de Gonzalo Mujica para tener el campo liberado, ahora sabe que deberá negociar hacia la interna porque la aprobación de su derogación en estos momentos será un pésimo mensaje hacia el votante. Y porque el otro asunto en cuestión es la presentación de una alternativa consensuada para que se calmen a las fieras.
Entonces, ahora, el senador Rafael Michelini realiza una exposición “casi idéntica” a la que redactó el exsenador y expresidente Julio María Sanguinetti en 2007, y la senadora socialista Daisy Tourné aclama que “toda la academia está de acuerdo” en que la formulación actual de este delito es disparatada. En el marco del debate sobre el nuevo código, su derogación se discutía en la Comisión de Constitución y Código de la cámara baja y cuenta con media sanción de Senadores.
Sin embargo, no es un delito que al partido del gobierno le preocupe en absoluto su mirada hacia atrás, sino para adelante y sus aspiraciones de mantenerse en el poder. Por eso, la actuación y el desempeño legislativo actual –que abusa de sus funciones sobre esta figura– es una muestra más de que debe acabar el cinismo y la hipocresía en política.
