(EFE-PRESIDENCIA)
La ministra de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, afirmó que el Estado realiza obras de realojamiento para auxiliar a los desplazados por las inundaciones, con la asignación de “5 millones de pesos para la Intendencia de Salto y 3 millones de pesos para la de Paysandú”.
De León explicó que el Ministerio envió contenedores al departamento de Salto para auxiliar a las familias que se encuentran alojadas en carpas, ya que se prevé un descenso en las temperaturas para la semana próxima. Frente a la recurrencia de las inundaciones en esta región, aseguró que se han “tomado medidas”, pero “la construcción de viviendas y los realojos siempre son cosas bastante más lentas de lo que uno quisiera”.
“Si se da esta situación cada 50 o 60 años es un problema” pero si “es algo que se está dando cada dos años”, existe una urgencia de resolver los problemas habitacionales de la población “más vulnerable” con realojos definitivos, afirmó.
La ministra subrayó la necesidad de “buscar tierras para poder realojar” de forma permanente a la población que vive en las zonas más expuestas a las crecidas, pero “eso implica una inversión” que constituye “un esfuerzo para el país”. De León detalló que la Comisión Técnica Mixta de la Represa de Salto Grande “ha comprado tierras” con “parte de los ingresos” que produce la central hidroeléctrica. En relación a las previsiones climáticas para la próxima semana, la alta funcionaria afirmó que se espera “el pico máximo” en la crecida del río y que “el temor es que se llegue a las cotas del año 1959” cuando se produjo “la mayor inundación que tuvo el país”, dijo en entrevista con Radio Uruguay. En apoyo a la situación que atraviesan miles de damnificados por las inundaciones en Artigas, Salto y Paysandú, el Ministerio de Turismo y la Cámara Uruguaya de Turismo convocaron a los actores y organizaciones del sector a colaborar en una campaña de donación de artículos de primera necesidad.
CANNABIS EN FARMACIAS DESDE JULIO
(PRESIDENCIA)
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, informó que hay un registro sostenido, pero no explosivo, de consumidores de marihuana en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), al tiempo que manifestó su conformidad “con el desarrollo del proceso”.
Olivera reiteró que la venta de marihuana en las farmacias comenzará en la primera quincena de julio, en tanto se suman otras farmacias interesadas en la comercialización de este producto. Según los registros actualizados en base a la encuesta continua de hogares, la cantidad de consumidores de cannabis en Uruguay es de 160.000 personas.
Consultado acerca del cannabis medicinal, Olivera dijo que el Ministerio de Salud Pública tiene una actitud proactiva, mientras se realizan los estudios generales al respecto.
EXLEGISLADOR DENUNCIADO POR ESTAFA POR U$S 10 MILLONES
(EL ESPECTADOR)
El juzgado penal de 15º turno a cargo del juez Ricardo Miguez recibió varias denuncias por estafa contra el escribano Antonio Zoulamián, quién hasta el 15 de marzo se desempeñó como suplente del diputado nacionalista Gustavo Penadés e ingresó a sala en varias oportunidades en la presente legislatura. Zoulamián es propietario de un bar, está vinculado al club Goes, preside la institución armenia Marash y es un exmilitante nacionalista.
Zoulamián trabajó como prestamista tomando dinero de conocidos y amigos a los que les pagaba un interés del 2% mensual a través de una financiera no registrada en el Banco Central llamada PIX.S.A. En febrero pasado la financiera se presentó a concordato por un total de 5.500.000 dólares, pero siguió tomando dinero por lo menos hasta marzo. También se presentará a concordato como Antonio Zoulamián por otros 5.000.000 de dólares. El dinero tomado era garantizado mediante cheques, que han sido devueltos en su totalidad por los bancos.
Los afectados son unas 50 personas por unos 10 millones de dólares en total con cifras que van desde 15.000 dólares hasta 2.000.000 de dólares. Pero el monto final podría ser mayor a medida que comiencen a llegar más denuncias.
FISCAL PRESENTÓ DOCUMENTO SOBRE GASTOS DE SENDIC
(EL OBSERVADOR)
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, remitió a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de segundo turno un escrito en el que solicita que se investigue si el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, cometió un delito al realizar compras con tarjetas de crédito corporativas de Ancap. La solicitud de Díaz surgió a partir de una nota que le presentó el diputado nacionalista Pablo Iturralde en la que “denuncia determinados hechos”, según dijo Díaz en rueda de prensa.
Si bien el remitido de Díaz estaba dirigido al fiscal Luis Pacheco, como se encontraba de viaje quien lo recibió fue el fiscal Juan Gómez, que estaba subrogando en la fiscalía de Crimen Organizado de segundo turno. Díaz indicó a la prensa que “se puede investigar todo”. “Cómo ocurrieron los hechos, si hubo delito y en función de eso si hay o no responsabilidades. No quiero hacer pronunciamientos categóricos (para no condicionar la actuación del fiscal). A nosotros nos toca investigar si hay responsabilidad delictiva. Eso es lo que hará el fiscal Pacheco”, afirmó. El fiscal dijo a El Observador que cuando reciba la solicitud del fiscal de Corte la remitirá a la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieux para que se agregue al expediente de la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de Ancap, a partir de una denuncia presentada por cuatro partidos de la oposición y por la que desde febrero se vienen realizando audiencias.
EMPRESARIOS PESQUEROS CONTRA ANCAP
(EL ESPECTADOR)
La industria de la pesca comenzó un juicio contra Ancap en busca de obtener un resarcimiento económico por los daños y perjuicios que, según los empresarios del sector, produjo para ellos la prospección de petróleo en las aguas uruguayas. Unas 30 empresas, agremiadas en la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay y en la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, iniciaron la demanda a fines del año pasado con el argumento de que gran parte de la caída en la captura registrada en el país tuvo su principal causa en las operaciones destinadas a encontrar crudo, según El Observador.
Juan Riva Zuchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay dijo en El Espectador que “la demanda que hemos hecho las empresas, no es una demanda millonaria. No existe una cifra. En función del resultado se determinará”. Las prospecciones se hacen a través de un barco que emiten onda de gran intensidad con alto valor de decibeles, se propagan por el mar y penetran la superficie y vuelven. Los barcos tienen 8 kilómetros de cables con sensores que envían la información para su análisis. “¿Eso mata a los peces? No, no los mata. Pero es como si usted tiene pajaritos, tira un tiro, probablemente no mate a ninguno, pero no va a quedar ninguno”, explicó.
“Las especies son migratorias. Hay un ciclo. Acá hacen el desove. Los cardúmenes se encuentran con eso y se dispersa. Estamos cortando un ciclo natural”, dijo. En 2014 las cifras de captura bajaron un 40% según datos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. “Desde que nos enteramos empezamos a conversar. Pedimos información. Creo que Dinara realmente nos defendió y tuvo una interacción con Ancap y no obtuvo información ni concreta ni a tiempo. No es que nosotros no queremos que haya petróleo, no queremos perder”, remarcó.