El contador Nepomuceno Saravia manifestó a EL TELEGRAFO que “es notorio que los aforos de los inmuebles rurales no tienen relación con la realidad de los valores que tiene la tierra, pero sucede que las alícuotas de los impuestos que se aplican también son irreales y como las tasaciones eran bajas, las alícuotas de los impuestos eran altos”.
Tras exponer sobre este tema en la Asamblea Anual de la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú (Arefp), el profesional sanducero indicó que el hecho de tocar solo la tasación o los reaforos de esos inmuebles “y no tocar las alícuotas hará que suban muchos los impuestos, especialmente en la Contribución Inmobiliaria Rural y el Impuesto al Patrimonio”.
“El sector insiste en que son impuestos ciegos a la propiedad o al patrimonio y no tienen nada que ver con la producción del establecimiento. Eso va a afectar y mucho”. Y aseguró que “habrá que esperar cuál será el tratamiento que le dará el Poder Legislativo”.
Para Saravia, la Federación Rural y las instituciones “tendrán que dar sus argumentos para pelear por ese tema. Estoy de acuerdo con que se reafore y no me parece que esté fuera de norma, pero lo que sí está fuera de norma son las alícuotas que se le aplican a los impuestos”.
Entiende que “si se modifica la base sobre la que se grava el impuesto y se mantienen las tasas, el impuesto crece demasiado. Hay que ver cuál es el valor de ese reaforo que se está hablando, si es que se lo va a llevar a un reaforo real y, en todo caso, ver cuáles son las alícuotas que se establecerán en cada impuesto”.
Se refirió también al Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP), “porque cuando se hace la enajenación de un inmueble, se toma en cuenta para pagar el ITP, el valor de reaforo de los inmuebles, por lo tanto, hay una afectación de impuestos”.
Sostiene que para cualquier empresa, “los costos son importantes y los impuestos son costos. Lamentablemente, se han sucedido incrementos de impuestos y el sector sigue produciendo y trabajando”.
Subrayó que el productor “no se queja porque sí”. Entiende que es un empresario pujante y solo el efecto de los impuestos “no es un problema. Pasa que se han sumado un montón de cosas, como la baja de precios internacionales de los commodities –lo que producimos–, se suma un atraso cambiario real que afecta a la producción, porque la venta de los productores agropecuarios es en dólares e indudablemente eso afecta y mucho. Tal vez más que los impuestos”, dijo.
Para Nepomuceno Saravia, los aumentos impositivos “no hacen más que incrementar los costos. La rebaja del gasoil es buena y bienvenida sea”, pero aclaró que “es insuficiente si uno ve a los valores que trabaja y el precio del valor internacional”. A fines de 2005, el valor del petróleo era de U$S 55 el barril “y pagábamos U$S 0,80 por litro de gasoil. Hoy es de U$S 43 el barril y estamos pagando U$S 1,60 el litro de gasoil. Todos esos costos impactan en el sector”, reafirmó.
INCLUSIÓN FINANCIERA
Durante su exposición ante los presentes en la asamblea, Saravia se refirió a la “Ley de inclusión financiera y promoción de uso de medios electrónicos”, “una ley que está vigente desde 2014 y que se ha venido modificando y prorrogando”, aclaró.
Manifestó la preocupación que tenían los productores con respecto al pago de los servicios laborales en sus establecimientos, especialmente en el caso de aquellos que están alejados de la ciudad o centros poblados, donde se puedan hacer los retiros en efectivo del trabajador.
“Por suerte, la Ley 19.478 modificó y prorrogó la entrada en vigencia para algunos casos, como el servicio doméstico y el caso de los empleados agropecuarios, en el entendido de que no se aplica esta obligatoriedad para aquellas personas que estén distantes, más de tres kilómetros de un centro poblado, que tenga efectivamente la capacidad de retirar dinero en efectivo”.
Precisó que “es una muy buena solución, ya que la gente que está cerca de un centro poblado, donde hay posibilidad de retirar (el dinero), lo puede hacer y tienen las comodidades para hacerlo, pero en aquellos alejados la ley no es obligatoria y, por lo tanto, pueden seguir realizando los pagos como lo hacían hasta ahora”.
Tras aclarar que no hay un documento que avale que ese productor reside a determinada distancia de un centro poblado con instalaciones para retirar dinero de forma electrónica, Saravia señaló que rige la distancia de donde vive la gente en determinado establecimiento.
Acotó que también eso es de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, “porque puede suceder que la gente, a pesar de estar lejos de un centro poblado, puede preferir cobrar en cajero y lo puede hacer. Lo que no rige es la obligatoriedad para hacerlo, que sí sucede para el resto de los trabajadores en Uruguay”.
INCONVENIENTES
El contador sostiene que todos los cambios “traen inconvenientes. En realidad las nuevas tecnologías y las facilidades que hay en las transacciones han hecho que la mayoría de la gente ya estuviera acostumbrada a manejar transferencias y demás”.
El problema se daba con respecto a salarios, lo que más preocupaba al sector. Para eso puso el ejemplo de un productor en Paso del Parque del Daymán (limítrofe de los departamentos de Paysandú y Salto) y se preguntó dónde cobraría el salario el trabajador de la zona.
“Tendría que salir especialmente de su establecimiento a cobrar el sueldo, dirigirse a un centro poblado con cajero, que están muy lejos de ahí; además, los cajeros tienen límites para las transacciones; no había una lógica y no era práctico llevarlo adelante”.
OTRAS PRÓRROGAS
Sobre otras prórrogas que se han verificado, el profesional sanducero se refirió a algunos artículos en particular de la ley, que en teoría comienzan a regir a partir del 1º de julio. Como el artículo 35, en el que se establece que toda operación mayor a 40.000 Unidades Indexadas (UI) es obligatorio que se efectúe a través de transferencia bancaria, medios electrónicos y demás.
“Esto significa que en efectivo no se podrán hacer más transacciones superiores a los U$S 5.000 (el equivalente a unas 40.000 UI), lo que entraría en vigencia si no hay otra prórroga el 1º de julio”, dijo.
También en esa fecha “entra todo negocio jurídico superior a 60.000 UI –unos U$S 20.000 a la cotización actual–, la venta de inmuebles y la venta de vehículos superiores a 40.000 UI, que también será obligatoria el pago por medios electrónicos o la transferencia”.
Indicó que es un cambio de costumbre. “Para los productores, que muchas veces era normal el pago en efectivo, ahora deberán estar atentos y limitados para el cumplimiento de la ley, en cuanto a que no podrán hacerse esas transacciones por esos montos”.
Lo que sí estaba establecido y vigente desde el 1º de diciembre de 2015 es el pago de los arrendamientos, tema que para los productores “es importante. Todos los pagos deben hacerse vía cuenta bancaria. Significa que el arrendatario debe percibir el pago del arrendamiento en su cuenta corriente”, aclaró.
PREOCUPACIONES
En la asamblea, se trataron dos grandes preocupaciones de los productores. La primera es el aumento de la tasa consular, que “es un arancel que tienen que pagar los insumos. En el sector agropecuario, hay muchos insumos importados –incluso de esta región– y habrá un aumento de impuestos con el ingreso de esos insumos, que los va a tener que pagar el productor. Además, el productor no puede trasladar (ese costo), porque la producción termina en un mercado internacional; nosotros no fijamos los valores”.
Por lo tanto, Saravia entiende que no se puede pasar “ese costo a nuestro producto. Esto determinará indudablemente un aumento de costo referido a esos insumos. En momentos en que las rentabilidades están apretadas, claramente esto va a afectar”, puntualizó.
