La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos prohibió “la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica” en su territorio.
La prohibición tomó estado legal luego de la aprobación de la ley correspondiente, donde se recogen dos iniciativas, una de la exdiputada provincial María Emma Bargagna (FAP) y otra del Poder Ejecutivo provincial presentada el año pasado.
La flamante ley ordena además que la Autoridad de Aplicación “ejercerá las acciones preventivas pertinentes y oportunas que garanticen la demanda de protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní”. Otro artículo invita “a las provincias integrantes de la región asentada sobre el Sistema Acuífero Guaraní a legislar en su protección”.
Los activistas entrerrianos antifracking creen que la ley podría haber sido “más restrictiva y concreta”, y que se trata de “una alegría a medias” la sanción, según el referente de Colón Horacio Di Carli, tras el dictamen de comisión. El sector advierte que, así como quedó redactado, conlleva un “riesgo”, ya que “sigue dejando la puerta abierta” a otros tipos de producción hidrocarburífera.
El cuestionamiento se sustenta en que la ley prohíbe estrictamente el fracking, pero no cancela la producción hidrocarburífera con métodos convencionales, según el dirigente. “Es un avance, pero obviamente ante la oportunidad de tener participación, pretendíamos algo más concreto”, sintetizó el ambientalista.
