En Uruguay se suicidan dos personas por día y esta problemática no ha tenido hasta el momento la visibilidad ni el tratamiento mediático que se ejercen sobre otras, como el feminicidio. La cifras oficiales así lo indican: los datos del Ministerio del Interior revelan que todos los meses fallecen dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 20 personas son víctimas de homicidio y otros 38 mueren en siniestros de tránsito. En el mismo período, hay 53 uruguayos que se quitan la vida.
El 2016 se llevó el triste récord de la última década con 18,54 cada 100.000 habitantes o 638 casos y las estadísticas indican una clara tendencia al alza, tanto como para comparar que en 1990 hubo 319 suicidios. Desde 2005 se incrementan en la población con mayores vulnerabilidades (más de 61 años) y en jóvenes y adultos de 21 a 40, quienes conforman un tercio del registro total.
Uruguay no tiene políticas de prevención al respecto y la única ONG que trabaja en la temática, Último Recurso –fundada en 1989– ha visto mermado el apoyo recibido, con convenios que caen sin proyectos sustitutos, por tanto debe acotar cada vez más su radio de acción.
En 2015, el Ministerio de Salud Pública presentó los objetivos prioritarios hasta 2020, con la identificación de 15 problemas prioritarios, entre los que se encuentra el suicidio. Sin embargo, la burocracia y el protocolo en un recurso comunicacional agotado en las últimas administraciones, como las conferencias de prensa, conspiran contra la urgencia de comenzar a trabajar sobre este asunto en particular.
Si hablamos de perfiles, debemos decir que los hombres se suicidan más y las mujeres lo intentan más, pero eso poco importa si hablamos de un flagelo que no está atendido ni estudiado, de acuerdo con su perfil poblacional.
Uruguay va demasiado lento en la prevención y no existen campañas al respecto, mientras todo parece condicionado al financiamiento y la voluntad política. Paralelamente, el sistema educativo debe contar con recursos entrenados para que actúen ante cualquier transformación de conducta, porque los registros también indican que aumentan los intentos en niños de 7 y 8 años.
Es fundamental, en todo caso, observar que entre diciembre y enero se presentan más suicidios. Cualquiera puede pensar que en esos momentos la soledad duele y no hay con quien levantar una copa, o es una etapa del año donde se ejerce presión sobre los estudiantes que deben finalizar sus años lectivos.
Como sea, la sociedad uruguaya es socialmente muy crítica, con altos juicios sobre conductas ajenas, intolerancia de cualquier estilo y una falsa percepción del éxito y del fracaso. También crece bajo el concepto de que la exposición tiene un efecto contagio en la población. Sin embargo, desde hace mucho tiempo que los especialistas rechazan ese razonamiento. Todo lo contrario, no hablar del asunto hay potenciado las estadísticas y de ningún modo está demostrado un descenso de las autoeliminaciones.
La Ley 18.097 consagró el 17 de julio como Día Nacional para la Prevención del Suicidio y se promueve que las comunidades educativas brinden información calificada y un correcto abordaje.
También en ocasiones se apela a la familia como apoyo fundamental para una persona en situación de riesgo, sin tener en cuenta que ese mismo núcleo puede ser el origen de la frustración emocional. En otras, se tata de buscar una definición a lo que hizo y los adjetivos “valiente” o “cobarde”, definen que –al menos como sociedad– no tenemos para nada claro este problema.
Por eso, hasta resulta difícil describir si este panorama pertenece al campo de la negligencia médica, de la ignorancia social colectiva o de “crímenes” que no se aclaran porque no hay un responsable directo. Lo claro, sí, es que no hay una sensibilidad estatal al respecto ni una mirada sin fingimientos. Se habla mucho y se hace poco.
Hasta el momento, solo hay anuncios. Ya se sabe que el Ministerio de Salud Pública instalará un servicio a nivel nacional, en el marco de un proyecto que se desarrollaría en torno a una línea telefónica, vinculado a las exigencias que se hacen a los prestadores de salud. Mientras tanto, algunas intendencias suspenden convenios con la ONG porque la atención a la salud mental no se encuentra entre sus competencias y deben valorar los recursos escasos para otras urgencias.
Si se identificaron las causas de vulnerabilidad, como las enfermedades mentales, las adicciones o enfermedades crónicas, la pobreza, falta de educación y oportunidades, el aislamiento o barreras emocionales que provocan altos niveles de estrés, la pregunta queda en el aire ante la falta de seguimiento o protocolización de casos específicos.
Y existe otro factor que transita en forma paralela, por lo tanto nunca se encontrará como una causante a favor: la mejora económica en la última “década ganada” no ayudó a las cifras. Es que la hipótesis de que “estamos mejor” no llegó a estas personas ni lo vieron reflejado en sus vidas, porque tampoco manejaron el concepto precario de que la solución a sus problemas se revertía con dicha ecuación.
Por eso hace algunos años, la BBC tituló “¿Por qué se suicidan los uruguayos?” a un artículo que refería a la intriga de los científicos y preocupación de las autoridades. Todos respondieron “no existe esa respuesta” y ensayaron alguna referencia ligada a “una delicada, compleja y larga suma de factores sociales, familiares y personales”.
O sea, nada nuevo. Lo nuevo, en todo caso, sería el verdadero enfoque y visibilidad que aún no se ha logrado ni con marchas ni con visión mediática, porque no existen como tales. Y eso debería corregirse, antes de que sea demasiado tarde.
¿Una marcha para ellos?
