En los últimos días se anunció el cierre de La Spezia, Molinos Florida, otras dos empresas emblemáticas en Montevideo como Foto Martín y Mr. Bricolage, antes clausuraron sus puertas Fanapel, Molinos Dolores y Cambio Nelson –bajo actuaciones judiciales que aún continúan– y la lista se engrosa sorprendentemente si nos remontamos a los últimos 20 años.
La presentación a concurso se perfila como una de las herramientas más usadas, ante la imposibilidad de enfrentar las deudas y antes de comenzar el cuarto mes, lo hicieron 21 empresas que –de acuerdo a los datos de la Liga de Defensa Comercial– son seis más que en el mismo período del año pasado.
Pero no todas las empresas realizan un cierre ordenado, sino todo lo contrario, porque existe una nueva forma de encarar la vida empresarial con mayores facilidades para cerrar, la adquisición de préstamos que no se pagan y la constatación de la existencia de empresas quebradas con dueños ricos e influyentes, cuya situación permanece incólume, como el caso de los propietarios de Fripur.
A esto se suma el costo cultural que se debe pagar por no asumir los alcances de una economía globalizada que transita por otro lado. El chip que contiene la información basada en un departamento y país de grandes fábricas con emprendimientos manufactureros cuesta cambiarse y comprender que el futuro llegó hace rato.
Y para eso sobran los ejemplos, además de la imposición de una cruel realidad: desde hace al menos una década estos emprendimientos se encuentran en caída libre porque ya no se elaboran textiles, bebidas, prendas de vestir, productos plásticos o maquinaria, que conlleva a la rápida pérdida de puestos de trabajo, como en la industria de la construcción o en tareas rurales. En buen romance, cada vez producimos menos cosas que produzcan divisas, y excepto el campo, la agroindustria, el turismo y el software, todo lo demás –servicios, construcción, comercio, etcétera–, se sustenta de cada vez menos rubros.
En los últimos dos años bajaron más de 8.300 empleos, con un impacto mayor en comunidades que basaban su producción en esos emprendimientos clausurados, como Nueva Helvecia o Juan Lacaze, que se declaró en “emergencia social” tras el cierre de Fanapel y que una experiencia similar vivió en 1993 con el cierre de Campomar, que dejó a 1.000 personas sin trabajo y siguió con Agolan a fines de 2013.
Ocurre que en Juan Lacaze no existe un desarrollo agropecuario, como sucede en cualquier pequeña localidad del interior del país por su zona de influencia, ni tampoco cuenta con un circuito turístico que le permita obtener un salvavidas ante las dificultades existentes. Es otro ejemplo –al igual que Paysandú– donde se requieren las inversiones públicas o privadas para que aterrice la promesa tantas veces reiterada de la diversificación de la matriz productiva.
Hoy los contrastes se sustentan en la concreción de una tercera planta procesadora de celulosa en un país que no fabrica ni una hoja de papel, ante las diferencias en los costos por tonelada del papel chino que cuesta casi 300 dólares menos que el producto local. El aumento de la presencia china en los últimos años en América del Sur no ha sido protocolar ni de amistad, sino de búsqueda estricta de nuevos mercados y eso permea ante una competencia imposible, porque producir en Uruguay es caro por donde se lo mire. Juan Lacaze (y también Paysandú) se acostumbraron a florecer y progresar durante décadas, gracias al salario que cobraban sus obreros y la fluidez del circuito comercial así lo demostraba. Sin embargo, en aquella localidad coloniense aseguran que la situación que les toca vivir ahora, es peor que lo ocurrido durante la crisis económica de 2002 y alcanza con salir cada mañana para ver a una ciudad vacía. En tanto, las jóvenes generaciones se preparan para emigrar ante una realidad que no pueden cambiar.
Y lo mismo ocurre con la lechería, tras el cierre de Ecolat que bajó 450 empleos en Nueva Helvecia, una ciudad que no tiene más de 10.000 habitantes. El impacto fue de importantes proporciones porque nadie creía en el cierre de una multinacional que producía más de 120.000 litros de leche diarios y otros derivados, o en Ecilda Paullier, con la clausura de Schreiber Foods y 170 personas sin trabajo, en una población de 2.500.
Incluso Fripur, la emblemática empresa pesquera que empleaba a casi 1.000 personas, exportaba a 20 países y experimentó un polémico cierre, tras la influencia ejercida por sus empresarios que continuaron con gran poderío dedicados a otros rubros, bajo la mirada tranquila de las últimas administraciones.
En general, los empresarios se quejan de los costos laborales y aportes tributarios que deben hacer a un socio insoslayable: el Estado. Paralelamente se profundiza la competitividad internacional con la presencia y apertura de nuevos mercados, como el chino, que tienen bajos salarios, altos índices de productividad e influencia en el descenso de los precios internacionales de los commodities.
El asunto es intrincado porque la inversión en tecnología que facilitará la salida de la producción nacional, conspirará contra la creación de nuevos puestos de trabajo, en tanto Uruguay no se caracteriza por un incremento de la mano de obra calificada, sino de un aumento en los sectores dedicados a los servicios. Y eso pesa en las estadísticas junto al perfil del trabajador uruguayo.
Aunque la información oficial no está actualizada, el Banco de Previsión Social confirma un aumento de empresas cotizantes, que en los últimos años enlenteció su crecimiento, con un descenso de los pequeños y medianos emprendimientos. Es que el mazazo lo recibe la actividad privada, con una tendencia a la baja en los puestos laborales, si se compara con años anteriores.
Tampoco la autogestión de las empresas ha sido la solución, a pesar de los préstamos estatales a manos llenas y la bandera que plantó el gobierno del expresidente José Mujica a favor de Tessamérica, Pluna y tantas otras. Es, simplemente, la confirmación de una tendencia que no es nueva en el planeta. Lo que pasa es que en Uruguay siempre tardamos en reconocerlo y recapacitar para reaccionar antes de que se instale el problema o se transforme en una cuestión política. Mientras tanto, seguimos tirando de la piolita como si fuese una cadena de acero, hasta que revienta, y es ahí cuando a cada cierre de una empresa le encontramos las razones de la tragedia, que siempre son excusas para no reconocer que el problema es que producir en Uruguay es caro y no da para más.
Un problema de larga data
