(EL PAÍS – SUBRAYADO)
La jueza penal de Maldonado, Adriana Morosini, confirmó en conferencia de prensa que en los próximos días serán citadas varias personas para comenzar a trabajar en la investigación sobre el crimen del pequeño Felipe Romero, ultimado de un disparo por su entrenador de baby fútbol, Fernando Sierra, quien se quitó la vida luego de matar al niño. La magistrada anunció que citará a la psicóloga que elaboró el informe por el cual la madre de Felipe decidió prohibir a Sierra que viera a su hijo, las maestras y la directora de la escuela a la que el niño asistía, la madre de Felipe y “eventualmente al papá”, según declaraciones que reprodujo Telenoche.
Por otro lado dijo que el informe forense primario revelaría “un probable abuso sexual”, aunque aclaró que no sería reciente y con las pruebas que hoy se tienen no se puede determinar que Sierra sea el autor del mismo. Explicó que fueron enviadas más pruebas al Instituto Técnico Forense, cuyos resultados estarán listos en unos 30 días. Mientras tanto, el Consejo de Educación Inicial y Primaria dispuso que este lunes la escuela a la que concurría Felipe permanezca abierta, pero que no se dicten clases. Psicólogos y asistentes sociales irán al local, en lo que se ha señalado será una jornada de contención y reflexión.
Una multitud despidió ayer los restos del niño y se estima que fue el sepelio más concurrido de los últimos años. Su madre, Alexandra Pérez, estuvo acompañada de su hija, de familiares y compañeros de la fuerza policial. La maestra de Felipe, por su parte, fue internada luego de sufrir una crisis de nervios, pero de todas formas también participó del velatorio. En tanto, en medio de la soledad y con algunos insultos lanzados por personas al pasar, fueron sepultados los restos del asesino Fernando Sierra.
Según los peritajes iniciales, el asesinato ocurrió en la noche del jueves, en tanto la Policía cree que el hombre comenzó a planear el homicidio cuando la madre de Felipe le comunicó que no podía verlo más. La autopsia realizada en Maldonado arrojó que Felipe había ingerido tranquilizantes suministrados por Sierra. El informe elaborado por el forense Sergio Mozzo precisa que no hay señales de lucha en el cuerpo del niño, lo que sugiere que fue sedado antes de su muerte. En el lugar había tres blisters de píldoras tranquilizantes, y a uno de ellos le faltaban siete pastillas.
CONSEJO DE MINISTROS EN LA TEJA
(MONTEVIDEO PORTAL)
El presidente Tabaré Vázquez y sus ministros llevarán adelante una nueva instancia del Consejo de Ministros abierto, en La Teja, en las instalaciones del Club Progreso. Los funcionarios públicos agrupados en COFE decidieron movilizarse hasta el Consejo, en reclamo de la apertura de ámbitos de negociación de cara a la Rendición de Cuentas, que se votará a mediados de este año en el Parlamento y que determinará las pautas presupuestales hacia el fin del período de gobierno del presidente Tabaré Vázquez.
En Salud Pública, la movilización será acompañada de un paro de 24 horas en Montevideo. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereyra, dijo a Montevideo Portal que los trabajadores del sector reclaman avances en el sistema integrado de salud al que consideran “estancado”.
Además, advirtieron que no hay cumplimiento del convenio firmado a fines de 2015 y que tampoco se regulariza la carrera administrativa en ASSE. Otro de los puntos mencionados por el sindicalista es la tercerización de varios servicios de salud, que si bien en el presupuesto anterior había tenido un retroceso, no hubo mayores avances en los últimos meses.
PROYECTO DE LEY PARA REGISTRAR AUTOS OFICIALES
(EL PAÍS)
El diputado del Partido Nacional, Mario Ayala, presentó un proyecto de ley para que se realice un inventario de los vehículos oficiales y su adquisición. Ayala vive en la ciudad de Artigas y, según él, está “cansado” de ver automóviles y ambulancias oficiales estacionados en los comercios de Cuaraí, la ciudad vecina. Según explicó a El País, el cometido del registro es que el ciudadano pueda identificar a qué organismo y bajo la responsabilidad de quién está el vehículo, así como la función a la que está asignado y el horario de su tarea.
Como diputado de Alianza Nacional, Ayala admitió que no ha podido conseguir los datos concretos sobre la flota oficial. Algo similar le ha sucedido al senador nacionalista Sebastián Da Silva, suplente del nacionalista Javier García, quien ha cursado pedidos de informes a todos los ministerios y ha recibido como respuesta datos fragmentarios. “La idea es que esa información figure en un sitio web al que el ciudadano pueda acceder en caso de ver un auto oficial en determinado lugar”, dijo.
“Acá en Artigas vemos ambulancias haciendo compras en los supermercados de Cuaraí. Son vehículos que no son del hospital local, sino de Salto y de otros departamentos. También autos oficiales haciendo compras en Cuaraí. Son frecuentes las denuncias que hay en las redes sociales”, sostuvo Ayala. El legislador será citado a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados para informar el alcance de su proyecto de ley. El control de los vehículos oficiales se hace de distinta forma en los organismos estatales. Recientemente el Ministerio del Interior dispuso establecer un mecanismo por el cual pueda cobrar a los funcionarios por las infracciones de tránsito que cometan al manejar autos oficiales.
Según una resolución ministerial del 30 de diciembre de 2016, las infracciones no afectan al vehículo sino a la persona y son consideradas como una falta administrativa, por lo que “se podrán adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr el reembolso de los perjuicios causados”.