Mientras la región y buena parte del mundo se encuentran en vilo por la degradación institucional y el autogolpe de Estado que ha perpetrado el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el mandatario, como en una tragicomedia, ha salido a “explicar” que en su país no hay una “ruptura del orden constitucional”, luego de que el máximo tribunal asumió las facultades del Parlamento de mayoría opositora, y convocó a los poderes públicos para zanjar diferencias sobre esa decisión.
“En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos y del poder popular”, dijo Maduro en su primera reacción tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que además retiró la inmunidad a los parlamentarios.
En un acto público en el que bromeó continuamente –lo que pone de relieve su enajenación– el mandatario socialista citó al Consejo de Defensa de la Nación, a fin de resolver la controversia que generó una afirmación de la fiscal general, Luis Ortega, cercana al chavismo, de que en Venezuela hay una “ruptura del orden constitucional”.
Las críticas de la fiscal general, Luisa Ortega, a las decisiones del tribunal –al que la oposición acusa de servir al gobierno– abrieron una grieta en el chavismo, pero seguramente mucho menor que la grieta desatada en la Unasur, que no es otra cosa que un invento del chavismo para contar con un respaldo de gobiernos afines. Pero las cosas han cambiado en buena parte de América. Ya no están los Kirchner en Argentina y Brasil tampoco es favorable a la “revolución”, y hoy son pocos los que se animan a respaldar ciegamente los disparates del sucesor de Chávez. Tanto es así que hasta Uruguay, que con las contradicciones propias de un Frente Amplio en el poder dominado por una minoría ultra, en esta oportunidad se ha pronunciado enérgicamente respecto a la ruptura del ordenamiento institucional, al ser avasallado el Parlamento por el Tribunal de Justicia, que responde al chavismo.
“Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo sorpresivamente Ortega en un acto público, quien es la primera alta funcionaria que critica los dictámenes.
Pero la fisura es mucho mayor ante el cambio de postura entre algunos quienes hasta ahora, abierta o vergonzadamente, han respaldado o se han negado a condenar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al ordenamiento institucional en el país caribeño. No puede extrañar que quienes sí se han mantenido en sus trece son los gobiernos de Ecuador y Bolivia, incondicionales del mismo signo ideológico populista que la revolución bolivariana.
El comunicado dado a conocer por los países que integran la Unasur señala que “los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país y a los parlamentarios electos por voto el popular en diciembre del 2015”.
Agrega que “causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y a la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho”.
“Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas”, puntualiza.
Mientras tanto, este sábado, los cancilleres del Mercosur se reunirán en Buenos Aires, para analizar la situación en el país caribeño, y seguramente, en la nueva realidad del perfil ideológico de los países de la región, estará en juego la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela, que por mucho menos que lo de sucede en Venezuela se aplicó en su momento a Paraguay.
En este caso, la realidad venezolana es abiertamente un rompimiento del ordenamiento institucional, con un tribunal judicial al servicio de los arbitrios de Maduro, y mucho más que eso, cuando están en juego concesiones petroleras para el refinado del crudo que deben pasar por el Parlamento, y que el mandatario quiere entregar directamente, al asumir que no cuenta con los votos en el Parlamento elegido democráticamente y que tiene mayoría de la oposición.
Mientras tanto, la oposición denuncia un “golpe de Estado” de Maduro y desconoce al Tribunal Supremo de Justicia, mientras a nivel internacional sin dudas lo que ha logrado Maduro es que se solidifique y aumente el bloque de países que se oponen a su desgastado régimen. Ayer 20 países solicitaron una reunión del Consejo Permanente de la OEA a más tardar el lunes. El secretario general del organismo, Luis Almagro, denuncia un “autogolpe” en el país petrolero.
A su vez Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron a la lluvia de críticas que incluye a la Unión Europea, Estados Unidos y una decena de países latinoamericanos.
Pero nadie puede estar sorprendido por este nuevo avance de Maduro y el régimen chavista sobre la institucionalidad democrática en su país. Es lo que venía advirtiendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero también lo que cualquier observador independiente podía prever en el corto plazo.
Acaso, lo único bueno de esto, si así se le puede llamar, es que a través de estas acciones el gobierno chavista se está hundiendo cada vez más en su propio barro y potencia a la oposición interna y la internacional.
Hundiéndose en su barro
