Autoridades de Ancap, de Alcoholes del Uruguay (ALUR) y del Ministerio de Industria fueron recibidos este miércoles por la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, ante convocatoria del diputado sanducero Nicolás Olivera, fundamentalmente para conocer aspectos del funcionamiento de ALUR y recibir explicaciones sobre las acciones adoptadas tras el caso del pago de 100.000 dólares a una empresa en lugar de la misma cifra en pesos.
Según Olivera, hay un descontrol en la parte administrativa de ALUR, “donde aparentemente se manejan las cuentas como en un almacén de barrio. Recibimos en la Comisión de Industria al directorio de Ancap, presidido por Marta Jara, y al de ALUR, por Juan Carlos Herrera, así como a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, entre ellas al subsecretario Guillermo Moncecchi.
“Quedó plenamente demostrado que el actual directorio marca una distancia muy significativa con sus predecesores”, dijo Olivera y señaló que los jerarcas dieron las explicaciones del caso: se dio lugar a una investigación a cargo de un estudio privado y ese informe determinó que había que despedir a tres jefes por notoria mala conducta y cuando ello ocurre, no se tiene derecho a indemnización. Asimismo destacó que se suspendió a otra funcionaria sin goce de sueldo por determinado tiempo. Otro asunto de gran importancia tiene que ver con la forma de ingreso del personal de ALUR, destacó Olivera. “Probamos que hay empresas que trabajan para ALUR, pero que están en omisión en el pago de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS), porque una empresa tercerizada cuando presta el servicio tiene que estar al día en todos los aportes. En este caso llegamos a probar que el descontrol era tan grande que ALUR no controlaba a empresas tercerizadas y había algunas que seguían trabajando pese a que debían mucho dinero al BPS”.
De acuerdo con Olivera, las autoridades no pudieron aclarar la forma en que ingresó aproximadamente el 20 por ciento de los 750 funcionarios de ALUR. “Hubo determinados concursos que, con cierto viso de legalidad, seleccionaron a personas que no reunían siquiera las condiciones mínimas que exigía el llamado y triunfaron por encima de otros que sí los reunían”. Los jerarcas indicaron que han contratado una auditoría para determinar cómo ha ingresado todo el personal de ALUR y el perfil de los funcionarios, reveló el representante sanducero.
