El ambiente de estallido social se acentúa al paso de las horas, de los minutos, de los segundos. Venezuela vivió una noche de terror, la del jueves al viernes, donde unos fuertes disturbios en Caracas donde los manifestantes reclamaron elecciones generales terminaron con la muerte de 11 personas, con lo que son 20 los fallecidos en tres semanas de violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
El estado de quiebre social absoluto en que ha llegado el país caribeño responde casi exclusivamente a un gobierno, desde la época de Hugo Chávez, que se encargó de colapsar el sistema político, económico, social y judicial, minando las instituciones y la democracia. Defender a Maduro y sus secuaces, que deberán responder ante la historia sobre el mal que le están infringiendo a sus ciudadanos, carece de asidero alguno. Como sucede aún en Uruguay. Uno hace arcadas por defensas del tipo que hizo la FEUU a la administración venezolana y por eso de achacarle todos los males al “colonialismo” de Estados Unidos.
Cuando la Suprema Corte de Justicia, tomada por el chavismo desde hace años, suprimió los poderes de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde enero de 2016, comenzó lo que se podría llamar la “crisis actual” de Venezuela, aunque todo proviene de una infección llamada “socialismo del siglo XXI” iniciado en 1998, cuando Chávez ganó por primera vez las elecciones presidenciales. Esa movida de la Suprema Corte, seguramente dirigida por Maduro, rompió con la democracia, si es que ésta aún tenía vida en este país. El mote de dictadura, que partió desde todo el mundo –¡cuánto le costó a Uruguay manifestarse al respecto y recién lo hizo en conjunto con la Unasur!–, debió asustar al presidente, que retrocedió en sus pasos poco después para restituir las funciones a la Asamblea.
Pero esa misma desprolijidad, dio cuenta cabal de lo que sucede en Venezuela con sus instituciones. Y de lo que es capaz Maduro para sostenerse en el poder. Pero lejos de aventar el malhumor de la mayoría de los ciudadanos, a partir del 1º de abril pasado se inició una serie de protestas que reclaman por elecciones generales y que no parecen querer detenerse. Las marchas de la oposición son multitudinarias al tiempo que el gobierno chavista arma a milicias y alienta la represión sin ningún tipo de organización. La violencia y la confrontación ya están instaladas en las calles de Caracas, como también en Maracaibo, Valencia y San Cristóbal. Cruce de bombas lacrimógenas, piedras, cócteles molotov, chorros de agua, disparos con armas de fuego, todo se mezcla en un ambiente de terror.
El gobierno y la oposición se han responsabilizado mutuamente del desbordamiento de la violencia, que deja además cientos de detenidos y heridos. Según el gobierno, bandas armadas “contratadas por la oposición” atacaron el hospital materno infantil, pero sus adversarios sostienen que el desalojo se debió a los gases lanzados por la policía militarizada para controlar los disturbios. “Responsabilizo de la violencia a la cúpula madurista, con sus esbirros, con sus grupos paramilitares. Ellos ordenaron una represión salvaje contra nuestro pueblo”, expresó el líder opositor Henrique Capriles.
Esta alta tensión en Venezuela ha despertado la inquietud internacional. Once naciones latinoamericanas, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas pidieron al gobierno venezolano dar garantías a las protestas pacíficas. Estados Unidos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien tilda a Maduro de “dictador”, han lanzado duras advertencias al gobierno chavista, al que acusan de “represor”.
El uruguayo Almagro ha sido particularmente duro con Venezuela, desde hace un buen tiempo. En Caracas están que trinan con él y lo acusan de echar leña al fuego. “La violencia en Venezuela es alentada por Almagro y los gobiernos alineados con planes intervencionistas del Departamento de Estado de Estados Unidos”, ha dicho la inefable canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Según las encuestas, siete de cada diez venezolanos reprueban al gobierno, asfixiados por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI estima en 720,5% este año, la más alta del mundo. Manteniendo la presión, la oposición convocó para hoy a una “marcha del silencio” hacia las sedes de la Conferencia Episcopal y para el lunes a un “trancón nacional”, un bloqueo de vías.
Entre tanto, el gobierno de Uruguay se ha acoplado, no sin costarle, al sector de los que reprueban lo que sucede en Venezuela. Y lo hizo de forma reactiva, luego de que Maduro saliera a trancar feo a su par Tabaré Vázquez. Éste le replicó y le pidió que se disculpara, y así se encuentran las cosas.
Ayer, el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, visitó por cinco minutos la Cancillería para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. “Hemos venido de la manera más cortés, siempre fraterna, hermana entre nuestros países, nuestros gobiernos”, indicó al finalizar Chirino. En una conferencia de prensa, Nin Novoa dijo que están tratando de “colaborar” para que Venezuela deje de ser un “drama”. Una tarea loable pero que requiere mojarse más, jugársela por entero por un país de nuestro hemisferio que va camino al abismo. Se está actuando demasiado tibio para la gravedad del asunto.
