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Paysandú, Viernes 21 de Abril de 2017

Un derrotero trazado hasta llegar al IMAE

Opinion | 19 Abr Luego de varias vueltas y con la mira puesta en las reacciones políticas de la oposición que encabezó una fuerte campaña, finalmente el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, firmó la habilitación para el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en Salto.
El permiso de funcionamiento se extenderá por un año, hasta que la mutualista solucione algunas “observaciones” efectuadas por la secretaría de Estado, como la falta de una habilitación de bomberos. Si bien el centro cuenta con el equipamiento y los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, ninguna de las condicionantes impuestas por el ministerio son determinantes como para impedir su apertura.
Es necesario hacer un poco de historia, enmarcada en las últimas tres gestiones frenteamplistas, con las recorridas realizadas por las autoridades representativas en localidades del interior, donde prometieron la instalación de estos centros de referencia.
En agosto de 2012, el exsubsecretario del MSP, Leonel Briozzo, confirmaba al director del nosocomoio tacuaremboense, Ciro Ferrerira, que allí se instalaría la regional norte de un IMAE cardiológico, para la cual “solo” restaba la resolución del Fondo Nacional de Recursos, porque “claramente la voluntad política existe por parte del presidente José Mujica”, agregaba.
A fines de octubre de 2012, el exministro Jorge Venegas anunciaba que su secretaría trabajaba “enérgicamente” en el establecimiento de dos IMAE en el Hospital de Tacuarembó y en un instituto de medicina privada en Salto, bajo un sistema de atención universal. En ese entonces se argumentaba que la política gubernamental apuntaba a optimizar los recursos existentes y a la descentralización de la tecnología médica para beneficio de todos los habitantes. Pero Venegas salió del ministerio por la puerta chica, y las gestiones siguieron sin suerte.
En setiembre de 2013, la entonces ministra Susana Muñiz –actual presidenta del directorio de ASSE-- señalaba en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados que “algunos informes del Ministerio de Salud Pública hablaban de una no viabilidad económico-financiera, por lo cual requería un soporte” para la instalación de un IMAE en Tacuarembó. En cuanto al IMAE en Salto, Muñiz sostenía ante los legisladores que “nunca ingresó un expediente al Ministerio de Salud Pública. Entonces, no podemos autorizar y ni siquiera emitir opinión sobre un expediente que no existe”.
Sin embargo, la mutualista afirma hasta hoy que el trámite ingresó por primera vez en 1998, con el número 2793/98 y que diez años más tarde solicitaron formalmente su desarchivo.
En esas mismas fechas, y en forma paralela, se daba luz verde al séptimo IMAE en Montevideo. Una fuente ministerial aseguraba a El País que desde el punto de vista sanitario “no es necesario para nada el IMAE en el Hospital Militar”, sino que existía “voluntad política” para fortalecer al sector público con ese IMAE, pero obviamente chocaba –y lo hace aún hoy-- con el discurso fuertemente descentralizador y “de cercanía” que pretende imponer el Poder Ejecutivo.
El 7 de octubre de 2014, durante una visita al hospital de Tacuarembó, el presidente Mujica exhibió la resolución que autorizaba un IMAE cardiológico en dicho centro de atención, y era un nuevo intento de demostrar que “algo” impedía una firme resolución al respecto.
A comienzos de 2015, la ministra Muñiz anunció que el IMAE cardiológico en el Hospital de Tacuarembó “se está tramitando” y “se espera que esté en funcionamiento en el correr de 2015, aunque sin fecha precisa”. No obstante, desde hacía un año y medio que las autoridades habían presentado su trámite y se encontraba “trancado”. Por esos días se insistía en la necesidad de un centro altamente especializado al Norte del Río Negro, porque entre enero de 2013 y febrero de 2014, 337 usuarios de ASSE utilizaron un IMAE por cirugías cardíacas y estudios de hemodinamia. Y las cifras claramente han aumentado, al tiempo que los traslados –con dependencia de la gravedad de los casos-- se realizan por rutas deterioradas, con condiciones dudosas a pesar de la buena voluntad de los técnicos.
Pero nada es fácil de procesar y esta decisión del Poder Ejecutivo se adoptó a raíz del empuje de la propia fuerza política y la oposición, que despertó tarde a su labor de control, liderada por un joven diputado nacionalista. Martín Lema iba a presentar ayer un pedido de informes pormenorizado, pero lo suspendió y felicitó a Basso “porque ha tomado una decisión que requiere coraje”.
Ni coraje cívico ni interés por lo que ocurre a 500 o 600 kilómetros con un paciente cardíaco que requiere su traslado por la ruta 26 o la 30, sino el acatamiento a una solicitud presidencial lanzada en febrero, durante el primer Consejo de Ministros realizado en la Estancia de Anchorena, de evitar errores en las salidas públicas que puedan ser aprovechadas por blancos o colorados. Es que 2017 es un año clave para el gobierno y así lo hizo saber el presidente Vázquez a su gabinete, donde gran parte de las concreciones que se obtengan marcarán el resultado de todo el mandato. En dicho encuentro, el mandatario solicitó a su equipo que se esforzara en hechos concretos y “palpables” para presentar como logros del gobierno, y difundirlos en sus recorridas por el Interior. Es que, para alcanzar una mejor aprobación, se requieren mensajes de unidad y no de discursos contradictorios. Por lo tanto, si se habla de cercanía y descentralización, la llegada de la alta tecnología a más de 500 kilómetros resulta hasta “coherente”, basado en el razonamiento presidencial. Pero debemos tener memoria y recordar que hubo un empuje de las propias fuerzas vivas y usuarios de los servicios en las localidades, quienes obtuvieron –durante muchos años-- reiteradas promesas como única respuesta. Solo queda la incertidumbre de saber si por el mismo derrotero deberán transitar los departamentos ubicados al Este o al norte del país, que también necesitan un centro de estas características.
En el siglo XXI, ya no es posible que exista tanta burocracia y no se puedan resolver los problemas que existen en poco más de 176.000 kilómetros cuadrados.


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