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Paysandú, Lunes 10 de Abril de 2017

Apuntan a reducir el número de gerentes en Ancap, en el marco de una reestructura a partir del próximo semestre

Nacionales | 10 Abr (EL OBSERVADOR)
Tras iniciar una evaluación a fondo del desempeño y competencias de las 29 gerencias de Ancap, la nueva administración encara una revisión en su gestión, lo que incluye no solo al ente sino también a sus colaterales. Estas 29 gerencias puede reducirse en función de las conclusiones a las que llegue un trabajo que está encabezando el actual gerente general de Ancap, Ignacio Horvath, cuyo informe será analizado por el Directorio para instrumentar los cambios que se promuevan.
En este esquema, una de las opciones en análisis es la posibilidad de suprimir gerencias como la de Controles, que es el departamento que lleva a cabo los sumarios y se considera que hay superposición de tareas con la Gerencia de Servicios Jurídicos, que supervisa la tarea de los sumarios.
Está previsto que los cambios y ajustes en la estructura gerencial se vayan procesando en el curso del próximo semestre, con vistas a mejorar el desempeño y costos de la empresa, tal como se hace en el ámbito privado. Según uno de los informantes, la mayoría de los gerentes que serán removidos fueron impuestos en sus cargos durante la presidencia de Daniel Martínez.
Con referencia a los salarios, se indicó que 104.000 pesos es el mínimo que cobra un gerente de Ancap y corresponde al área de Relaciones Institucionales para alguien que acaba de ocupar el cargo, en tanto el gerente general cobra $ 270.000.
Algunos cambios ya han sido procesados a partir de la asunción de Marta Jara como presidenta del Directorio, quien sostuvo que en 2016 hubo superávit de 15 millones de dólares, pero tras la recapitalización y no haber transferido a las precios de los combustibles la rebaja del valor internacional del crudo, la reestructura es todavía muy incipiente.
Anunció asimismo una reducción gradual del personal de las cementeras de Ancap, a partir de la no provisión de vacantes de quienes se jubilen.
El negocio del cemento es hoy uno de los mayores lastres que aún tiene pendiente por resolver la actual administración. El año pasado el rojo del cemento llegó a U$S 26 millones, y en la última década supera los U$S 200 millones.

CONVENIO ENTRE IDENTIFICACIÓN CIVIL Y POLICÍA CIENTÍFICA
(PRESIDENCIA)
El Ministerio del Interior y la Corte Electoral firmaron un acuerdo por el que a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil y la Dirección Nacional de Policía Científica se brindarán datos al organismo electoral respecto a la autenticidad de la cédula de identidad y datos de usuarios que soliciten servicios de la Corte, así como la verificación de la identidad de los procesados por la Justicia.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, firmaron la documentación correspondiente. Arocena señaló además que en estos momentos se desarrolla un proceso importante de tecnificación de la Corte electoral, entre los cuales destacó el sistema SAP para la gestión de inventarios, contabilidad y compras.
Por otra parte, merced a un acuerdo con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) la Corte aplicará el expediente electrónico, lo que facilitará la aceleración de los trámites, concluyó Arocena.

BERGARA DESTACA FORTALEZA PESE A RETIROS
(EL PAÍS- SUBRAYADO)
El presidente del Banco Central del Uruguay, Cr. Mario Bergara, subrayó que “vale la pena analizar que durante el año se fueron (de Uruguay) 1.000 millones de dólares de depósitos de argentinos y eso no generó el mínimo impacto en el funcionamiento del sistema bancario, lo cual demuestra que hemos aprendido las lecciones, que desde la crisis de 2002 se fortaleció la regulación, la supervisión, y mejoraron las conductas”.
El jerarca indicó que en 2016 unos 1.000 millones de dólares de depósitos en el sistema bancario de Uruguay fueron retirados por argentinos, de los cuales 600 millones de dólares salieron en diciembre. Sin embargo, destacó que el sistema bancario uruguayo no sintió impacto alguno por los retiros.
“Un hecho que, en otro momento, hubiera sido el inicio de una corrida bancaria, en este caso no solamente no lo fue, sino que pasó totalmente desapercibido en el sistema bancario”, observó el presidente del Banco Central.
“Esos depósitos de argentinos son, justamente, los que no queremos, aquellos que buscan refugio para ocultarse de las autoridades tributarias”, por lo cual “no es una mala noticia que esos depósitos estén buscando refugio en otros lados”, concluyó Bergara.

REGASIFICADORA DEJÓ RECLAMOS POR U$S 21,7 MILLONES
(EL OBSERVADOR)
El balance de Ancap correspondiente a 2016 da cuenta que a Gas Sayago se le han iniciado reclamos ante la Justicia por el proceso de la construcción de la planta regasificadora por U$S 21,7 millones. Se trata de acciones presentadas por empresas y trabajadores.
En un capítulo destinado a contingencias relacionadas con Gas Sayago (empresa compuesta por Ancap y UTE, encargada de la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto de regasificación en Puntas de Sayago), se expone que diversas empresas han citado a GNLS (consorcio local conformado por GDF Suez y la empresa japonesa Marubeni, y encargado del desarrollo de la regasificadora), Gas Sayago, GDF Suez, Marubeni, UTE y Ancap, señalando que "tanto Gas Sayago como GNLS realizaron acciones y omisiones que indujeron a error en relación al estado real del proyecto, lo cual les indujo a efectuar contrataciones con OAS (empresa brasileña contratada para la construcción del proyecto) que luego fueron incumplidas".
El documento informa que el monto reclamado por esas empresas asciende a U$S 16,9 millones más intereses y $ 14,7 millones (U$S 493.257, tomando el tipo de cambio de cierre de 2016). La consultora explica que se efectuó una audiencia de conciliación, no habiéndose logrado un acuerdo entre las partes. El informe añade que, a su vez, otra sociedad anónima cita a Gas Sayago, Ministerio de Industria, UTE y Ancap por su participación por el cese de actividad de OAS constructora de la regasificadora), con la consiguiente falta de pago de facturas diversas. El monto reclamado en este caso fue de U$S 1,3 millones.
Ante esos hechos, KPMG señaló que "a la fecha de la emisión de los presentes estados financieros Gas Sayago no ha sido notificada de ninguna demanda por las acciones indicadas anteriormente, con lo cual existe un alto grado de incertidumbre al respecto".

INVESTIGADORA
Pablo Abdala, diputado nacionalista integrante de la comisión investigadora sobre la planta regasificadora instalada en el Parlamento, dijo a El Observador que en las primeras audiencias realizadas se pudieron constatar irregularidades en el proceso de adjudicación de la regasificadora.
"Se actuó con apresuramiento cuando se adjudicó la obra. Además, Gas Sayago asumió riesgos adicionales no previstos", dijo. Indicó que varias de las empresas reclamantes por la continuidad del proyecto en Puntas de Sayago comparecerán ante la comisión investigadora. Recordó que Gas Sayago pagó por concepto de salarios U$S 2 millones por año y contrató consultorías de "todo tipo y color".

JUNTA DE TRANSPARENCIA NO FUE CONSULTADA
(EL PAÍS)
El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, al ser consultado sobre la propuesta del Frente Amplio de derogar el delito de abuso de funciones y sobre la creación de la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos, subrayó que "la Jutep no fue consultada, vale la pena mencionarlo, a veces parece que estamos pintados".
Observó que "en un tema que tiene que ver con la corrupción no fuimos consultados. Creo que es opinable cómo mejoramos ese artículo porque es un artículo donde se habla de que el abuso y las arbitrariedades perjudican al Estado o a alguien, pero no se habla de beneficio económico. Entonces el perjuicio puede ser que me faltaste el respeto, o me empujaste o te llevaste la plata”.
También criticó que se haya "dicho que los jueces procesan por ese artículo sin pruebas. Me parece una falta de respeto, creo que no es cierto que se procese sin pruebas".
Acotó que en un contexto en el que "la población uruguaya está muy preocupada por el tema de la corrupción y el sistema político no da respuestas adecuadas, en vez de mejorar el sistema sacamos delitos. Yo creo que el mensaje para la gente la va a ser muy malo".

CONSIDERAN ALTERNATIVAS PARA REFUGIADOS SIRIOS
(EL PAÍS- PRESIDENCIA)
El secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, mantuvo reuniones con el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, y con integrantes de la dirección del Sunca, para buscar "alternativas para la inserción laboral de todas las familias (sirias) reasentadas" en Uruguay, según señaló Presidencia en un comunicado.
Da cuenta que "se vienen realizando varios encuentros con empresarios y sindicatos, apelando también a la sociedad civil y a su compromiso a favor de la inclusión" y aclara que ya les advirtió a las dos familias sirias que acampan en la Plaza Independencia que no se les dará más ayuda económica.
Las familias están acampando frente a la Torre Ejecutiva desde el pasado lunes. Reclaman poder salir del país y dicen que no tienen dinero para volver a Salto, el departamento en el que estaban viviendo. Gastaron $ 12.000 para llegar a Montevideo. En el comunicado se señala que un equipo técnico del Programa de Reasentamiento de Personas Sirias, "ha concurrido nuevamente a la plaza para continuar dialogando con las familias y fortalecer el proceso de apoyo".
Sin embargo, el documento deja claro que no se pueden afrontar algunos de los reclamos que hacen los refugiados. En este sentido se señala que "el gobierno no puede dar más ayuda financiera de la que ya se otorga, y que no está en su potestad que las familias que lo deseen, puedan irse del país". Presidencia explica que la posibilidad de que los refugiados sirios puedan salir de Uruguay "depende exclusivamente de que terceros países les otorguen una visa, trámite que deben hacer los interesados y no lo puede realizar el Estado".


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